Las autonomías del PSOE piden consensuar la ley de Costas

La ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, volvió ayer a inundar de papeles la Conferencia Sectorial en cuya agenda ocupó lugar destacado el anteproyecto que modifica la Ley de Costas de 1988, tras ser declarados inconstitucionales algunos de sus preceptos. El texto recoge el consenso de PP y CiU para el pacto de Gobierno. El consejero vasco de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, Patxi Ormazábal, hizo saber que poco podía decir de un documento en el que no había participado.Los consejeros de autonomías gobernadas por el PSOE solicitaron una nueva convocatoria de la Conferencia para debatir el informe que elabore el grupo de estudio encargado de examinar el anteproyecto. "De nada sirve que analicemos este borrador si el Consejo de Ministros aprueba en octubre un texto, sin que lo consensuemos previamente; no queremos que vuelva a ocurrir lo de la Ley del Suelo o la de los parques nacionales (4/89)", afirmaba el consejero de Extremadura, Eduardo Alvarado. "Si se repite esa actitud, la Conferencia Sectorial se vaciará de contenido".

Red Natura

Las ONG estudian este documento y se pronunciarán en unos días. Eva Hernández, de Greenpeace, comparte las tesis enunciadas, pero teme que la dispersión de competencias permita a los ayuntamientos dominar el litoral; "es como poner al zorro al cuidado de las gallinas". Hernández cree que todas las administraciones deberían coordinarse desde la Dirección de Costas para evitar que avance el monocultivo del turismo.En esta segunda Conferencia Sectorial operativa de las que ha convocado Tocino, volvió a repetirse la estrategia. Abrumar con una pila de papeles a los consejeros y ocupar el tiempo con su presentación, de modo que apenas quede tiempo en la agenda para los asistentes.

Además de la reforma de la Ley de Costas, la ministra informó de la tramitación de transposiciones pendientes de directivas, de cuyo retraso culpó a sus predecesores socialistas. Dijo que se intentará acelerar la aprobación del Reglamento que desarrolla la Ley de Envases.

Los representantes autonómicos recelan de los informes sobre los Planes Nacionales de Residuos Peligrosos y Suelos Contaminados y la tramitación del Plan Nacional de Residuos Sólidos Urbanos. "La acumulación de tantas propuestas legislativas y los escasos recursos del Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM) ponen en duda su capacidad para poder desarrollar esos planes", afirmaba otro de los asistentes a la Conferencia.

Aunque no figuraba en la agenda, la ministra introdujo otro documento más que pretende aprobar el año próximo; una normativa básica de ruido en cuya redacción llevan varios años trabajando los funcionarios, ahora encuadrados en el MIMAM. El único acuerdo que se alcanzó ayer, primero de los que consiguen en estas conferencias, fue instar al Gobierno a que plantee ante la Unión Europea la financiación de la Red Natura 2.000.