Protestas en Perú contra los atropellos a la libertad de expresión

El ilegal espionaje telefónico a congresistas, periodistas, y políticos de oposición y la retirada de la nacionalidad peruana al dueño de una televisión de origen judío que mortificaba al Gobierno con sus denuncias, se suman esta semana a la sucesión ole atropellos registrados en la democracia de Alberto Fujimori. Los limeños han salido a la calle para reclamar respeto a la democracia.

La destitución parlamentaria de los magistrados del Tribunal Supremo contrarios a la reeleción del autoritario jefe de Estado ya había sido escandalosa. A juzgar por las imputaciones en su contra el presidente permanece apegado al avasallamiento de la discrepancia demostrado en el autogolpe de 1992. Su alianza con las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) continúa sólida y activa.La última víctima del deteríoro del Estado de derecho es el empresario Baruch lvcher, propietario del Canal 2, quien progresivamente abandonó el oficialismo, para militar en las filas de la oposición. La corrupción oficial descubierta por sus informativos escandalizaron a la sociedad e irritaron a esa troika, que retiró a Ivcher la nacionalidad adquirida en 1984. Pierde éste su mayoría en el consejo de administración de Frecuencia Latina (Canal 2). La ley se ocupa del resto al prohibir a los extranjeros la propiedad de canales de televisión.

La reacción no se hizo esperar. El lunes por la tarde, al menos 2.500 limeños marcharon contra el Gobierno. Asistieron el ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar, líder de, Unión por el Perú (segunda fuerza opositora); el general retirado Rodolfo Robles, jefe de Dignidad y Democracia; Fernando Olivera, jefe del Frente Independiente, y otros políticos. "No a la dictadura, no a la prepotencia", "Aquí, allá, el miedo se acabó", coreaban.

Frecuencia Latina comenzó a caer en desgracia en mayo pasado al descubrir el caso de la ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejercito (SIE) Leonor La Rosa, torturada en los sótanos del cuartel general del Ejército, como sospechosa se haber filtrado información confidencial a la prensa. Las declaraciones de La Rosa llevaron al conocimiento de la muerte y descuartizamiento de otra agente del SIE, Mariela Barreto, parte de cuyos restos fueron hallados en un solitario paraje cerca de la sierra limeña.

El hartazgo de la opinión pública llegó al saber que el asesor presidencial Vladimiro Montesinos, que controla el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), ingresa aproximadarnente 70.000 dólares (10,5 millones de pesetas) mensuales por asesorías ajenas a su condición de funcionario de Estado. Más del 70% de las 197 personas espiadas clandestinamente por el SIN son periodistas, entre ellas el director de la revista Caretas, Enrique Zilieri; el director del programa Contrapunto, César Hildebrant, y la: colaboradora de este periódico en Lima, Laura Puertas.

De vuelta a Perú tras siete años de ausencia, el escritor Mario Vargas Llosa, derrotado electoralmente por Fujimori en el duelo de 1990, se manifestaba sorprendido por las alabanzas irrestrictas a la; democracia peruana: "Hay empresarios españoles que vienen a invertir aquí y que te dicen qué maravilla. Las leyes laborales se han flexibilizado al máximo, un país moderno al fin". "Y si tú le hablas de las decapitadas que aparecen en los parques", agrega, "pues cambian de tema. Pero eso pasa también con los peruanos, preferirían que no haya decapitados, pero hoy día puedo meter mi plata en el banco, me dan unos beneficios, con Alan García [ex presidente] metía mi plata en el banco y se me disolvía por la inflación".