Industria y los sindicatos firman el plan minero que recorta la producción y 7.000 empleos hasta el 2005

El Ministerio de Industria y las federaciones mineras de UGT y CCOO firmaron ayer el acuerdo para la reordenación del sector carbonero español hasta el 2005 que garantiza el mantenimiento del sector hasta esa fecha, pero introduciendo más recortes en las plantillas y en la producción. El empleo se reducirá en ese periodo por procedimientos no traumáticos (jubilaciones, prejubilaciones y bajas voluntarias) de los 25.000 mineros actuales a 18.000 a fines del 2005. La producción disminuirá a razón de 642.000 toneladas al año para pasar de 18,7 a 13 millones de toneladas.

El pacto suscrito por el ministro de Industria, Josep Piqué, ayer, al cabo de ocho meses de negociación, coincide básicamente con el preacuerdo del pasado 12 de marzo. Los sindicatos pretendían que el documento final reconociera a los mineros que se prejubilen una remuneración equivalente al 100% de su salario neto, una conquista alcanzada ya en las empresas carboneras de titularidad pública mediante acuerdos de convenio.Al final, el documento introduce una mejora en las condiciones económicas de prejubilación, aunque no en los términos que demandaban inicialmente los sindicatos. El acuerdo alcanzado garantiza percepciones equivalentes al 78% del salario bruto, frente al 76% vigente en anteriores procesos de reconversión, y una revisión anual equivalente al IPC real en vez del 3,25% de incremento pactado en anteriores planes de reconversión.

Ello deja abierta en todo caso la posibilidad de que en el ámbito de cada empresa privada se puedan negociar condiciones análogas a las ya establecidas por convenio en las compañías de propiedad estatal con contrato-programa, caso de Hunosa y de Figaredo.

El plan de reordenación minera ahora pactado alivia la presión que se había creado en el sector el pasado otoño, cuando desde el ministerio se anunciaron planteamientos que sindicatos y partidos de izquierda juzgaron como liquidacionistas. De acuerdo con los términos suscritos, en el periodo 1998-2005 causarán baja 11.000 de los 25.000 mineros actualmente existentes en el sector del carbón, si bien se garantiza el ingreso de otros 3.500 trabajadores con el fin de asegurar el equilibrio funcional de las plantillas y evitar la descapitalización de profesionales cualifica dos y de ciertas especialidades en las distintas explotaciones.

A esta recolocación podrán aspirar con derecho preferente los mineros procedentes de empresas que se acojan al cierre. Con ello, la reducción neta de empleo será de 7.000 puestos de trabajo, de los que 3.000 corresponderán a la minería asturiana, la más afectada por esta nueva reordenación. Para facilitar la disminución de plantillas se ha reducido la edad de prejubilación de 55 a 52 años; es decir, la que se calcula aplicando a la edad real del trabajador los coeficientes reductores vigentes en la minería, en virtud de la antigüedad y de la peligrosidad de las tareas. De este modo podrán abandonar el sector con algo mas de 40 años de edad real, cuando reúnan la antigüedad requerida. También se prevé que los mineros puedan compatibilizar su situación de prejubilados con el desempeño de otras tareas.

El coste del plan ascenderá a más de un billón de pesetas, pese a que las subvenciones a la explotación se reducirán entre el 20% y el 25%, a razón de un 3% o 4% anual acumulativo por el recorte de producción. Sólo las prejubilaciones supondrán un coste algo superior al medio billón: 200.000 millones corresponderán a las empresas públicas y 355.000 a las compañías privadas. Se prevén, además, ayudas a las zonas afectadas, por valor de 520.000 millones.