El fiscal mantiene las acusaciones contra Cañellas y el PP balear al final del juicio del 'caso Sóller'

El fiscal del caso Sóller, Juan Carrau, describió ayer en su alegato final de acusación, después de once días de juicio, la supuesta trama de corrupción organizada por el ex presidente balear Gabriel Cañellas, que en parte sirvió para financiar con fondos negros al PP y también para nutrir a su fundación privada Illes Baleares.En el juicio se ha investigado la adjudicación a una sociedad privada de un servicio público, el túnel de peaje de Sóller, en Mallorca. El fiscal se apoya en sus conclusiones en anteriores sentencias del Supremo que condenaron al ex presidente de Cantabria, Juan Hormachea, y al alcalde de Burgos, José María Peña.

El financiero Antonio Cuart, socio y amigo de Cañellas, logró la concesión del túnel de pago. Cuart abonó al menos 50 millones al ex presidente y al PP, como compensación al trato continuado de favor. Gran parte de la dádiva -está documentado en el sumario- pasó a las arcas del partido, que la destinó a pagar gastos electorales y también a patrocinar a políticos tránsfugas aliados. Cheques de aquel dinero negro se manejaron en el entorno político y familiar de Cañellas y del ex secretario general del PP y ex consejero, José Antonio Berastáin.

"Se han saltado la ley (desde la Constitución hasta los pliegos de bases del concurso del túnel) manifiestamente y de manera reiterada y lo han hecho por el pago -por lo menos- de 50 millones". Esta es una de las conclusiones del fiscal, después de dos años de compleja instrucción

Carrau cree que Cañellas pactó con Cuart el soborno y que luego Berastáin actuó a las órdenes del ex presidente para manejar, fragmentar y blanquear el "dinero ilícito". IU, que ejerce la acusación popular, pide una condena para al ex secretario como encubridor, pero el fiscal entiende que han prescrito sus responsabilidades penales.

Hoy está previsto que el juicio quede visto para sentencia. Cañellas puede ser condenado a un año de cárcel, 18 de inhabilitación, 100 millones de pesetas de multa y la devolución de los 50 millones de las comisiones Ilegales percibidas.