El 'caso De la Rosa'

LA FINANCIACIÓN irregular de los partidos políticos se ha convertido en una de las fuentes de inquietud más frecuentes para la sociedad española. Cada poco tiempo, un nuevo caso salpica la vida pública. No son pocas las voces que entienden que constituye un peligro real para la democracia por el sentido, deslegitimador que tiene.. En los últimos años hemos asistido, además, a un juego partidista de tergiversaciones que consistía en denunciar acaloradamente la financiación fraudulenta del PSOE, resumida en el llamado caso Filesa,mientras se ponía sordina a hechos ocurridos en otros partidos -como el del túnel de Sóller, Naseiro, máquinas tragaperras, el caso Casinos...- que demostraban una preocupante extensión de las prácticas irregulares de financiación.Los responsables de las formaciones políticas, del signo que sean, han respondido invariablemente a las acusaciones de ilegalidad con las mismas mañas evasivas: negando en principio los hechos, nombrando después comisiones de investigación autoexculpatorias, mirando hacia otro lado distraídamente y, al final, negando cualquier responsabilidad colectiva en las prácticas corruptas, que se atribuyen a la decisión personal e in transferible de quienes son sorprendidos con las manos en la masa. No se puede mirar hacia otro lado. Con los casos Filesa y Sóller pendientes de los tribunales, se han publicado las cartas que el ex presidente del Partido Popular en Barcelona y actual delegado del Gobierno en la Zona Franca, Enrique Lacalle, dirige al financiero Javier de la Rosa, en las que reconoce haber recibido, en nombre del PP, aportaciones de dinero de De la Rosa entre los años 1989 y 1991.

Las cartas y las declaraciones posteriores de Lacalle -en las que definió pintorescamente la fórmula, de solicitar donativos como "pasar el platillo"- confirman, a reserva de lo que digan los tribunales, que el PP también recurrió de forma sistemática métodos atípicos de financiación -los casos de la construcción en Burgos y el de Naseiro, tesorero del PP, ya permitían sospecharlo con fundamento-, y que sus violentas acusaciones al PSOE por el caso Filesa fueron un ejercicio notable de hipocresía y oportunismo, llegando éste al absurdo de ejercer la acción popular en el asunto Filesa.

La presencia ahora del financiero Javier de la Rosa constituye un- elemento añadido de preocupación y un motivo para extremar la cautela. No es difíil adivinar su modus operandi favorito en la primera filtración de las cartas (al diario El Mundo, ¡cómo no!). Consiste en dejar un mensaje de advertencia a los dirigentes del PP en su periódico consorte, en el que queda bien claro que dispone de infomación peligrosa, para, a continuación, dar la cara en unas declaraciones públicas, en un tono a medio camino entre el victimio y la amenaza, en las que prácticamente subraya su disposición a guardar silencio a cambio de evitar la cárcel: "Puedo llevarme lo que sé a la tumba, pero no a la cárcel".

Ni De la Rosa ni el PP pueden eludir sus responsabilidades si se confirma el caso. Porque la, financiación puede ser igualmente ilegal si se practica por vía de comisiones o donativos, siempre que éstos no se ajusten a los límites fijados y se sometan a control del Tribunal de Cuentas. Del PP hay que esperar algo más que el silencio distraído y la pertinacia en negar los hechos, aunque lo sucedido con la investigación de las comisiones por obras públicas en Zamora no permita ser optimista. El PP, como el PSOE en su caso, debería ser el más interesado en depurar las consecuencias de un delito tipificado en las leyes y en acabar con esta práctica corrosiva e incómoda para los propios partidos; porque, como puede apreciarse, con frecuencia los donativos desinteresados ponen a las formaciones en manos de chantajistas potenciales. Va siendo hora de que los partidos cumplan las leyes que ellos mismos aprueban y que afronten su financiación con exquisita transparencia. Pasar el platillo acaba costando muy caro.