PNV y el Gobierno vasco facilitaron datos de etarras a Interior bajo el mandato de UCD

12 de enero de 1982 ETA mantiene secuestrado desde hace un semana al industrial vizcaíno José Lipperheide y la policía carece de datos sobre su paradero. El entonces gobernador civil de Guipúzcoa, Pedro Manuel de Arístegui, eleva un informe al ministro del Interior, Juan José Rosón. El documento, que lleva el sello de secreto y la fírma del gobernador, recoge el resultado de las conversaciones con el consejero de Interior del Gobierno vasco, el peneuvista Luis María Retolaza. Según el escrito, ambos están de acuerdo en la "acción de destrucción o neutralización" de los elementos más duros de ETA.

El diplomático Pedro Manuel de Arístegui, muerto en abril de 1989 en la embajada española en Líbano por un proyectil sirio, fue nombrado gobernador civil de Guipúzcoa en noviembre de 1980. Dos años después, elevó un informe al último ministro del Interior de UCD, Juan José Rosón, fallecido en agosto de 1986, informándole de sus conversaciones con el entonces consejero de Interior vasco Luis María Retolaza.Según el documento, ambos coincidían en la conveniencia de aprovechar la división de ETA, entre un sector proclive a la negociación, representado por Domingo Iturbe Abasolo, Txomin, y otro más duro, dirigido por Eugenio Echeveste, Antxon. "Tratarán por todos los medios", dice el gobernador del PNV, "de agrandar este enfrentamiento entre los dos sectores".

Agrega el informe que la única persona "con cierta capacidad de representatividad en Herri Batasuna" es el abogado Iñaki Esnaola y que el diálogo con ETA, "para ser realmente eficaz", debería realizarse con Txornin "o alguno de su entorno". Advierte, no obstante, que "ellos [el PNV] lo han intentado y han fracasado".

Sostiene Arístegui que Retolaza coincide con él en que lo prioritario es conseguir que cambie la opinión de la sociedad vasca sobre los militantes de ETA y deje de verlos como patriotas para considerarlos "lo que son: delincuentes, asesinos y enemigos del pueblo vasco". Pese a ello, admite que es difícil contar con la colaboración de los ciudadanos por "el miedo, naturalmente", y también por "la renuencia que existe de actuar en contra de vecinos y conocidos". Según el informe, Retolaza "estima que la forma de conseguir estos resultados" consiste, primero, en realizar por parte del PNV la citada campana para conseguir un cambio en la mentalidad de la población; segundo, impulsar la "colaboración de y con la policía gubernativa"; tercero, proceder a la "identificación y denuncia de los personajes claves y más negativos" de ETA; y cuarto, realizar una "acción de destrucción o neutralización de éstos".

A pesar de la contundencia de esta frase, no se produjo ningún atentado contra miembros de ETA desde la fecha de redacción del texto hasta octubre de 1983, cuando surgieron los GAL. Lo que sí hubo, a la vista del documento, es un trasvase de inforinación desde el Gobierno vasco y el PNV hasta el Ministerio del Interior que la policía utilizó, aunque con escaso éxito en los casos que se pueden comprobar.

Según Arístegui, Retolaza estaba de acuerdo en dar los datos sobre ETA que recibiera de las sedes y dirigentes del PNV, pero el canal de comunicación debía ser "exclusivamente" el propio gobernador. Como prueba de su voluntad colaboradora, facilitó datos sobre 21 etarras residentes en Guipúzcoa, así como una pista, que resultó falsa, del secuestro de Lipperheide.

También aportó información de dos activistas refugiados en Francia, Ignacio de Gracia Arregui, Maki de Rentería, actual número dos de ETA, y Santiago Zapirain Elizalde, Kaiku, cuyos nombres o alias figuran mal escritos. De un tercero, Pablo Vivanco Ruiz, entregado por Francia en 1986, por el que Rosón estaba interesado, le dio "un completísimo informe de seguimiento".

"A mi juicio, éste puede ser el comienzo que una colaboración que puede dar un resultado óptimo y es una labor de información exclusiva, al menos aparentemente, de PNV y Gobierno vasco y la actuación de la policía gubernativa posterior, cuando den luz verde por haber llegado el momento oportuno", escribió Arístegui.

Marcelino Oreja, delegado del Gobierno en el País Vasco en aquella, época, manifestó anoche a EL PAÍS que no recordaba el informe de Arístegui y que, aunque los gobernadores se relacionaban directamente con el Ministerio del Interior, lo normal era que le remitieran copia de los documentos. "No recuerdo tampoco", agregó, "ningún caso en el que el Gobierno vasco facilitara información sobre la lucha antiterrorista".