El antenproyecto de ley de Justicia de Menores prevé sanciones de hasta 5 años
La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, presentó ayer al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora de la Justicia de Menores, que establece que las medidas sancionadoras no podrán exceder de dos años. "En los casos de personas que hayan cumplido 16 años en el momento de comisión de los hechos", dice el texto aprobado, "las medidas podrán alcanzar hasta cinco años en el caso de los delitos graves". Esos delitos son el de homicidio, detención ilegal y secuestro, agresión sexual, robo con violencia o intimidación, delitos contra la seguridad colectiva, forestales agravados, de genocidio, de terrorismo y contra el derecho de gentes.El anteproyecto -que debe ser remitido para informe al Consejo General del Poder Judicial- excluye a los menores de 13 años. "Las infracciones cometidas por niños que no alcanzan esta edad no merecen una intervención del aparato judicial del Estado", explica.
La nueva regulación prevé un procedimiento no penal, de naturaleza sancionadora-educativa, "para exigir una responsabilidad de carácter social al menor que cometa algún hecho tipificado en el Código Penal".
La medida sancionadora se impone "en base a las circunstancias personales, familiares y sociales, y no aisladamente al hecho cometido por el infractor". En tal sentido, la búsqueda de este tratamiento sancionador educativo, acorde con las circunstancias del menor, diferencia los tramos de edad de 13 a 16 años y de 17 a 18.
El anteproyecto recoge 14 diferentes medidas sancionadoras. Entre ellas destacan: la simple amonestación del juez, los servicios en beneficio de la comunidad, la libertad vigilada con normal desarrollo de la actividad habitual del menor, el ingreso en un centro terapéutico, las tareas socioeducativas, el arresto con tarea de fin de semana, la convivencia con una familia o grupo educativo y la privación del permiso de conducir.
El internamiento podrá ser en régimen cerrado -para los delitos más graves-, semiabierto y abierto, en centros diferentes de los de adultos. Los juicios no serán públicos y el magistrado podrá dejar sin efecto la medida, rebajar su duración o cambiarla por otra.
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