Regular el capitalismo

Los españoles ahorrarán durante los próximos cinco años (periodo 1998-2002) alrededor de 60 billones de pesetas, que intentarán colocar en fondos de inversión, pensiones, seguros, privatizaciones y otros productos financieros; la oferta de los mercados para esta etapa no supera los 25 billones de pesetas. Es decir, existe un gran hueco entre el ahorro que se generará y las necesidades que tienen los ciudadanos para colocarlo. Para aumentar la oferta de papel será necesario ensanchar la base empresarial de las bolsas de valores, multiplicar las obligaciones de las sociedades y la titulación, entre otras promociones.En la actualidad, la situación es la siguiente: hay invertidos en fondos de inversión -figura favorita del ahorro de los ciudadanos- alrededor de 24 billones de pesetas, y cada mes que pasa aumenta más o menos en un billón más. Para calcular la importancia de estas cifras, compárense, por ejemplo, con los Presupuestos Generales del Estado -alrededor de 70 billones de pesetas- o con la cantidad de deuda pública viva -alrededor de 40 billones de pesetas. Los fondos de inversión han tenido en España un crecimiento explosivo, y hasta hace poco tiempo colocaban el ahorro captado, sobre todo, en deuda pública. Con la caída de la inflación y la rebaja de los tipos de interés, los fondos buscan desesperadamente valores atractivos de renta variable en nuestro país o en el extranjero. Ello es una de las causas de la actual burbuja financiera. Pero ello supone un mayor riesgo; hasta ahora, ningún ciudadano que haya invertido en fondos de inversión, en nuestro país, sus ahorros los ha perdido.

Tanto para ese futuro inmediato, como para el presente, los ahorradores exigen altos grados de seguridad. Por lo mismo aumenta la significación de los organismos reguladores en el área financiera, fundamentalmente el Banco de España, la Dirección General de Seguros y el más moderno de todos ellos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La acción conjunta de los tres -de los que el primero y el tercero tienen el carácter de organismos autónomos- debe revertir en la confianza del inversor. El paso de una Administración que dirige, la economía (la del franquismo) a otra que la regula se va a producir en una generación. Los testigos de ese cambio de un régimen cerrado a una economía abierta pueden ser los protagonistas, al mismo tiempo, de una moneda fuerte como el euro (el 4 de enero de 1999 el euro devendrá en la moneda financiera por excelencia, aunque a los ciudadanos no nos llegue, físicamente, hasta el año 2002), y todo ello en un marco político de democracia. El avance habrá sido gigantesco.

En este entorno es peligroso predicar la liberalización total de los mercados; la partida no la jugará la ausencia de reglas de juego, sino su regulación. Los mercados serán más transparentes, pero más regulados. El presidente de la CNMV, Juan Fernández Armesto, afirmó el pasado miér coles en el curso de periodismo jurídico organizado por la Escuela de Periodismo UAM/EL PAÍS y los Colegios No tariales que "una buena regulación es un beneficio ético, ya que de no existir supervisión de los mercados habría inversores que saldrían perjudicados; y un beneficio económico, puesto que mercados más seguros suponen primas de riesgo más bajas". Armesto defendió lo que le corresponde como ejecutivo de un organismo regulador. Quizá haya países -los más fuertes- que se puedan permitir el lujo de mercados más rentables pero menos seguros; pero para que España (o los países periféricos) se convierta en una plaza financiera sólida no le basta con ser igual a los centros del sistema financiero, sino mejor: a igualdad de condiciones se van allí. La transparencia de los mercados, la correcta formación de precios o la protección a los inversores son los elementos básicos para un funcionamiento atractivo. Ya no está de moda la volatilidad.