Los desconocidos de siempre

Hay uno, quizá entre muchos, un punto concreto en el cual se cruzan los cables de la política y la justicia. El informe que fabricó las bases del caso Sogecable fue realizado por encargo de "un secretario de Estado, con carácter técnico, en papel en blanco, sin firmar", según declaró literalmente el pasado 14 de abril uno de sus autores, el decano del Colegio de Economistas de Madrid, Gerardo Ortega, ante el juez Javier Gómez de Liaño."Un secretario de Estado, con carácter técnico, en papel en blanco, sin firmar". Este reconocimiento tuvo lugar después de dos hechos: primero, los datos del informe trascendieron en la revista Época; y segundo, su autor identificó en sede judicial a Gerardo Ortega y al abogado Rafael Pérez Escolar como dos de sus autores. El tercero es posible que sea, dijo, el economista Ramón Tamames.

El informe mató dos pájaros de un tiro. El primero de esos pájaros: contribuir a formar la opinión del Gobierno en relación con sus proyectos en el campo de la plataforma digital. Y last but not least, el segundo: formar la base de la actuación penal contra Sogecable, la rama de donde agarrarse para lanzarse a la piscina, quizá con la ilusión de hallar algunos huesos por el camino.

La coalición de profesionales que prestó su energía intelectual para estos objetivos no se improvisó ad hoc, sino que ha trabajado ya en otros asuntos. En octubre y noviembre de 1994, antes de estallar el caso Banesto, Ramón Tamames y el periodista Raúl Heras recibieron el mandato de Mario Conde para relanzar su imagen en la opinión pública. Para ello los dos citados utilizaron su sociedad Edicsa 92. Ésta encargó a diversas personas dictámenes y estudios. Algunas de ellas jugarían un papel estelar en la vida del ex banquero. Uno de ellos: Jesús Santaella. El abogado realizó un informe sobre el acuerdo de intervención de Banesto por el Banco de España el 28 de diciembre de 1993. Otro de ellos: Gerardo Ortega. El decano del Colegio de Economistas de Madrid elaboró un informe sobre la normativa contable bancaria comparativa de diversos países.

Gerardo Ortega desarrolló algunas actividades de interés. El 28 de noviembre de 1994, él y Tamames hicieron un informe para Rafael Pérez Escolar sobre la empresa Oil-Dor, una de las operaciones en las que el ex consejero de Banesto está acusado, junto con Conde y Arturo Romaní, de estafa. El informe era exculpatorio. Ni la sombra de una duda.

Ambos, a iniciativa de Pérez Escolar, elaboraron otro informe sobre una segunda operación de presunta estafa, en la que también está acusado Pérez Escolar, con Conde, Romaní y Fernando Garro: el centro comercial La Esquina del Bernabéu. Como no deseaba presentar los dos informes, éste segundo lo realizaron Ortega y Tamames para un testigo del caso Banesto, Carlos García Pardo, quien pagó la factura. Fueron 2,9 millones, incluyendo el IVA, lo que facturó la sociedad Castellana 100 por el citado dictamen.

Pero Ortega, por su posición de decano del Colegio de Economistas de Madrid, tenía otro interés. El 13 de julio de 1995, Miguel Angel Gómez de Liaño, hermano de Mariano y de Javier, elevó un escrito al juez Manuel García-Castellón en el cual solicitaba, entre otras diligencias, que el juzgado se dirigiera al decano del Colegio de Economistas de Madrid para que éste designase a tres peritos para que se pronunciasen sobre toda la información aportada por el Banco de España en el caso Banesto y sobre las operaciones.

El juez García-Castellón no pudo resolver la petición porque marchaba de vacaciones. El 2 de agosto, el juez Miguel Moreiras admitió la petición, más tarde aceptada por el propio García Castellón, con alguna modificación. Ortega eligió a tres economistas y el 30 de agosto de 1995 comunicó sus nombres al juez. Al presentar su informe, los economistas seleccionados por Ortega, como por otra parte éste ya lo había hecho antes en relación con Pérez Escolar, consideraron que no había operaciones delictivas en el caso Banesto.

Ortega y Tamames cobraron de Pérez Escolar y de García Pardo por sus informes. Y los tres peritos cobraron del grupo de ex administradores encabezados por Mario Conde, tras fracasar los intentos de Mariano Gómez de Liaño por allegar el dinero al juzgado para que éste, a su vez, pagara a los tres peritos "por razones de credibilidad ante la opinión pública".

Enemistad con EL PAÍS

Estos hechos y algunas de las actuaciones de exculpación practicadas por los economistas designados por Gerardo Ortega, a petición de la defensa de los querellados, fueron narrados por éste periódico puntualmente, lo que le valió demandas por parte de los economistas que actuaron en el caso Banesto. No es extraño que el decano del Colegio de Economistas acumulara una enemistad manifiesta con EL PAÍS; lo que merece ser subrayado es que precisamente por ella actuó ilustrando a "un secretario de Estado, con carácter técnico, en papel en blanco, sin firmar".A la luz de los servicios personales de Ortega informe para ser utilizado por Mario Conde dictámenes sobre operaciones presuntamente fraudulentas para Pérez Escolar, selección de tres peritos para informar sobre la operaciones del caso Banesto- es obvio que el decano estaba predispuesto a encontrar en el sumario contra Sogecable todos aquellos delitos que ni él ni sus perito hallaron en el caso Banesto.