Remedo de universidad

EL ENORME aumento de la demanda de estudios unversitarios en nuestro país en los últimos años ha propiciado la aparición de nuevas universidades a lo largo y ancho del territorio español. Primero se trató de universidades públicas, creadas para cubrir claras necesidades educativas en determinadas áreas, de acuerdo con los requisitos entonces vigentes para la puesta en marcha de nuevos centros. Después, tras la entrada en vigor de la LRU, nacieron una serie de universidades privadas cuya creación estaba prevista y regulada en dicha ley. Por último, la transferencia generalizada de las competencias universitarias a las comunidades autónomas, beneficiosa por muchos motivos, ha facilitado el surgimiento de numerosas demandas, en ocasiones de claro perfil populista, de universidades por iniciativa de municipios, regiones o grupos sociales, que ven en la creación de una universidad la oportunidad de paliar sus problemas económicos o demográficos.A las autoridades autonómicas les resulta muchas veces difícil resistir esas presiones y acaban cediendo, incluso dejando en un segundo plano los requerimientos académicos de calidad en la enseñanza y en la investigación que son exigibles a una institución que quiera llamarse universidad. En ese sentido, ya resulta preocupante que el preceptivo informe de la Comisión Académica del Consejo de Universidades, integrada por los rectores de todas las universidades existentes, no sea vinculante y sea finalmente la decisión de los responsables políticos de las comunidades autónomas la que prevalezca, incluso en contra de un dictamen negativo.

Ahora, por fin, en los proyectos de las universidades católicas de Ávila y Murcia se entremezclan rasgos de los casos anteriores. Con una salvedad importante: tal y como están transcurriendo los hechos, y a tenor de las declaraciones de sus promotores -los obispos respectivos-, se deduce que lo que se pretende es ignorar la legalidad y obviar la aplicación de la LRU aduciendo una inverosímil potestad contenida en los acuerdos con la Santa Sede; es decir, en un convenio internacional. Se trata, como paladinamente admiten, de evitar los engorrosos trámites y controles que involucran al Consejo de Universidades, e incluso a las autoridades autonómicas, para crear verdaderas caricaturas de universidad, sin los niveles mínimos exigibles. Si ya el proceso de proliferación de universidades tiene rasgos preocupantes que exigen una reflexión en profundidad, si prospera esta nueva modalidad, se crearía un precedente que podría tener consecuencias dramáticas para el futuro de la institución universitaria. Esperemos que la cordura prevalezca sobre la demagogia.