El Consejo Económico y Social considera ilegal una parte de la nueva ley regional del suelo

La nueva ley regional del suelo invade competencias estatales y legisla sobre materias que no le corresponden, según ha concluido el Consejo Económico y Social (CES). Este organismo, integrado por nueve sindicalistas, nueve empresarios y nueve expertos, ha dado un varapalo al texto elaborado por el Gobierno madrileño. El proyecto, de sólo 12 artículos, cubre la laguna creada por la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegales las dos terceras partes de la ley nacional del suelo. Las conclusiones del CES han sido rechazadas por el Ejecutivo autónomo.

El dictamen del CES, aprobado el 11 de junio pasado con el voto a favor de empresarios y expertos y el voto en contra de los sindicatos, es favorable a la nueva ley, aunque en su capítulo de "recomendaciones de carácter específico" rechaza, por erróneos, inaplicables o ilegales los artículos 1, 2, 3, 8, 10 y 11.Especialmente duro se muestra el CES con el artículo 11 de la ley, donde se establece que la Administración expropiará a los dueños que no soliciten licencia para construir en el plazo fijado por el planeamiento urbanístico o, en su defecto, no edifiquen durante los doce meses siguientes a la adquisición de sus terrenos.

"Esta disposición parece ignorar el régimen de mercado por el que se rigen los procesos de desarrollo urbano, y en base al cual está orientada la economía en general", señala el, CES. "Resulta fuera de toda lógica", continúa, "que un propietario se vea obligado a desarrollar y poner en el mercado inmuebles en momentos en que puede no haber demanda, por razones muy diversas entre las que pudiera estar una situación de crisis generalizada".

Tras la queja, el CES recomienda al Ejecutivo autónomo que rectifique y no apruebe este artículo: "No deben promulgarse normas como la que se pretende en el artículo 11, en sí mismas inaplicables o cuya aplicación contravendría el marco general en el que opera la economía".

Pero el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón ha rechazado las razones de expertos y empresarios al entender que "carecen de fundamento".

También recuerda el CES al Gobierno que no puede adscribir los sistemas generales (terrenos destinados a diversas infraestructuras de servicios) al suelo urbano (donde se puede edificar), ya que "no es legalmente posible".

Competencias estatales

Empresarios y expertos han advertido al Ejecutivo autónomo que el artículo 8 invade competencias estatales al regular criterios de valoración del suelo que sólo pueden ser establecidos mediante la ley nacional del suelo, que en ese aspecto todavía continúa vigente, pues el Tribunal Constitucional así lo ha declarado.El Gobierno regional no está obligado a atender estas recomendaciones, pues el CES es un organismo de consulta preceptiva cuyos dictámenes no son vinculantes.

En el CES la discusión sobre la nueva ley regional del suelo dividió a sindicatos y patronal. Mientras los representantes de Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores propusieron el rechazo total del texto, la patronal apostó por su aprobación condicionada, y obtuvo el respaldo de varios expertos y del presidente del CES, Manuel Aragón Reyes (nombrado por el Gobierno regional).

Los sindicatos se negaron a apoyar un texto que recortaba los derechos urbanísticos de los municipios, que a partir de ahora sólo recibirán el 10% de los terrenos urbanizables, mientras que hasta ahora recaudaban de los privados el 15%.

En el dictamen se recomienda al Gobierno que elabore una nueva ley del suelo. Lo que ha hecho ahora el Ejecutivo madrileño es añadir doce nuevos artículos a la antigua ley de 1992 para salvar la inseguridad jurídica creada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley nacional del suelo. Con los nuevos artículos, según el CES, "no se revisa en profundidad la normativa urbanística vigente, que se ha probado excesivamente compleja e inadecuada". El Gobierno acepta esta sugerencia.