El Foro del Agua propone privatizar su gestión para usos productivos

La política del agua en España se encuentra en una situación de parálisis, con fuertes sequías e inundaciones y la irrupción de nuevos actores en escena como las autonomías, los conservacionistas, consumidores... Para salir de este bloqueo el Foro del Agua propone en un informe mantener este recurso en manos del Estado y ceder a la gestión privada aquellos usos capaces de generar beneficios.

El informe, con una propuesta de cambio filosófico sobre la política del agua vigente en España desde comienzos (le siglo, formará parte de una próxima publicación patrocinada por el Instituto de Estudios Económicos, vinculado a la CEOE.Bajo el título Una política alternativa y posible del agua. El pacto hidrológico nacional, el conciso documento señala que la llegada de la democracia y la irrupción de valores nuevos como los conservacionistas -que la consideran un recurso escaso al que hay que proteger y cuidar para que sea sostenible en cantidad y calidad- han supuesto un quiebro en la política tradicional. Considera que el intento de incorporar los nuevos valores a la Ley de Aguas (1985) por los socialistas, no ha sido efectivo ni aceptado y critica la situación de bloqueo y expectación del agua desde que el PP paralizó el Plan Hidrológico cuando estaba en la oposición.

Tras un año en el Gobierno, el PP no ha sido capaz de cambiar las cosas, a pesar del tímido intento introducido en el borrador de la Ley de Aguas. La flexibilización en la transferencia de concesiones -mercado de agua- y la posibilidad de dar entrada a la iniciativa privada en la financiación y explotación de infraestructuras, reserva excesiva discrecionalidad a la administración.

"Tienen demasiado miedo en precisar cómo, cuánto, hasta dónde. Y sin un marco legal claro para que la gente sepa a qué atenerse, no se va a ningún lado; no tienen una política clara", afirma un socio del Foro del Agua, colectivo integrado por especialistas en este recurso.

Da por descontado que los aspectos técnicos del agua no merecen discusión. Se conocen los datos y sobra capacidad profesional para resolver los problemas de usos y demandas. A partir, de ahí el Foro distingue dos planos. El agua como bien social y medioambiental, que garantiza la salud y el bienestar de la población y el mantenimiento de los ecosistemas, debe mantener su consideración prioritaria de bien público. Pero aquella que se aprovecha en usos productivos y suntuarios debe tratarse como bien económico escaso, susceptible de ser gestionada por la iniciativa privada porque está acreditada su eficiencia.

No tiene sentido apelar al altruismo para alcanzar un uso más eficiente si no hay contraprestaciones a los concesionarios; "Agua cedida es agua perdida", afirman. Su política alternativa se basa en un acuerdo nacional sobre nuevos regadíos -el plan nacional lleva tres años parado-; la eliminación de las subvenciones y permitir las transferencias voluntarias de derechos de uso, así como la financiación privada de las obras. Para ello consideran imprescindible lograr "un auténtico pacto hidrológico en la España de las autonomías" que de paso a una revisión de la legislación y la planificación, donde el Estado se reserve la titularidad del agua y el control de sus usos.