Mayor mantendrá su plan penitenciario para evitar que ETA tenga "una victoria"

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, contestará "en las próximas semanas" al plan de acercamiento de presos vascos a Euskadi que le entregó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Vitoria. Mayor dejó ayer traslucir que su inflexibilidad en este asunto está relacionada con su postura de que "lo importante es que ETA no obtenga una victoria, aunque sea parcial". Mientras, los reclusos de ETA Pedro María Guinea Gorriti y Julián López Rozas han obtenido el régimen de semilibertad por estar enfermos.

Mayor no ha respondido aún al plan de acercamiento de presos que le presentó el peneuvista José Antonio Rubalcaba el mes pasado, aunque la posición opuesta del ministro es sobradamente conocida. Según publicó ayer El Diario Vasco, Interior mantiene que es "inviable por razones técnicas y políticas".Esta posición no es nueva, ya que el titular de Interior mantiene de forma inflexible que la política penitenciaria es de su exclusiva competencia y no está dispuesto a ceder a la petición de la Comisión de Derechos Humanos, ni ante la más reciente que le formularon hace unos días conjuntamente el movimiento social Elkarri y Gesto por la Paz.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Mayor desmintió ayer que haya rechazado ya el plan de acercamiento de presos de la Comisión de Derechos Humanos y señaló que su estudio "exige tiempo" y una respuesta seria".

Interior asegura que está realizando un estudio minucioso de la propuesta del Parlamento vasco y que responderá "punto por punto" a cada una de las cuestiones planteaas. "Cuando la respuesta esté elaborada, el primero en conocerla será el presidente de la Comisión de Derechos Humanos", según un portavoz.

El ministro tras conectar el secuestro del funcionario José Antonio Ortega Lara con la exigencia de ETA de reagrupar a sus presos en cárceles de Euskadi, señaló: "Lo que pretende [la organización terrorista] es decir al día siguiente que ha ganado la batalla, decir que todo estaba justificado y que hasta el secuestro ha tenido su justificación".Comisiones técnicas

Pese a todo, Interior está dispuesto a crear "comisiones técnicas", cuyo interlocutor sería el director general de Instituciones Penitenciarias, para estudiar y debatir problemas concretos referentes a los presos de Euskadi.

Mayor aseguró ayer que a ETA "no le importa la situación de sus presos", sino "doblegar a la sociedad y al Gobierno" y que lo importante es no ceder ante su petición de acercamiento de reclusos para que "no tenga ni siquiera una victoria parcial".

Para el ministro, desde hace meses ETA ha abierto un frente con el asunto de los presos, pero advirtió que lo que pretende es que al día siguiente de conseguir este acercamiento "es decir que ha ganado la batalla" y que incluso el secuestro del funcionario José Antonio Ortega Lara "ha tenido sus resultados".

Pero precisó que esto no significa "que no haya que pactar con los partidos políticos" determinados aspectos de la política penitenciaria, a la vez que mostró su esperanza por encontrar "una fórmula de acuerdo" con estas formaciones.

El presidente de la comisión parlamentaria, José Antonio Rubalcaba, hizo un llamamiento a la sociedad para que apoye el acercamiento de los presos.

El ministro cree que lo que de verdad "preocupa al entorno de ETA es el cumplimiento de la ley, el juicio que tiene pendiente en el Supremo la Mesa Nacional de HB". Según él, los dirigentes de HB "están obsesionados y preocupados" por este proceso juidicial y por conseguir la "absolución", criterio contrario al que siguen con sus presos a los que "piden que se mantengan en las cárceles siempre".

Mientras tanto, Instituciones Penitenciarias ha concedido el tercer grado, lo que conlleva el régimen de semilibertad, a Pedro María Guinea Gorriti y a Julián López Rozas, debido a las enfermedades que padecen.

Gorriti, condenado a seis años de prisión por colaboración con banda armada, sufrió una angina de pecho tras ingresar en prisión el pasado marzo. López Rozas, vinculado a la organización juvenil Jarra¡, cumple una condena de cinco años desde abril del año pasado.