Defensa de la Competencia multa con 1.200 millones a 48 industrias lácteas

El Tribunal de Defensa de la Competencia ha impuesto a 48 industrias del sector lácteo, así como a la propia Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), multas por un importe total de 1.200 millones de pesetas. Las empresas y Fenil están acusadas de prácticas restrictivas de la competencia por recomendar y aplicar precios similares a la baja en la compra de leche a los ganaderos.

Los industriales tienen un plazo de dos meses para interponer recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. La denuncia contra las industrias lácteas fue presentada por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).Fernando Moraleda, secretario general de UPA, calificó ayer la multa de "histórica" y evaluó las pérdidas de los ganaderos, como consecuencia de ese pacto, en unos 15.000 millones de pesetas. Además, advirtió que "no se han eliminado estas prácticas comerciales en las industrias".La resolución del tribunal supone la culminación de un proceso que ha durado cinco años. Se inició en julio de 1992 con la presentación de una denuncia ante el Servicio de Defensa de la Competencia.Según UPA y el equipo de abogados que han llevado el caso (Javier Ledesma, Antonio García-Mon y José María Jiménez de Laiglesia), entre septiembre de 1991 y mayo de 1992 la práctica totalidad de las industrias más importantes del sector de leche de vaca fijaron precios uniformes y a la baja, que llegaron hasta las 31 pesetas por litro. Esta situación se consideró, por parte de la citada organización agraria una práctica restrictiva de la libre competencia en el mercado.El Tribunal de la Competencia ha desarrollado durante los últimos cinco años un largo trabajo de investigación. Descartó como prueba las actas de las reuniones de la patronal láctea aportadas por UPA, pero sí ha tenido en cuenta una circular de la misma agrupación donde se hacían recomendaciones sobre descuentos y bonificaciones. La prueba más concluyente ha sido el análisis de unas 400.000 facturas de pago a los ganaderos en las que hay coincidencia en el precio de la leche.Según la resolución, las multas máximas podían haber ascendido a unos 30.000 millones de pesetas. El tribunal, reconociendo la existencia de problemas financieros en el sector industrial, ha impuesto al final sanciones por importe de 1.200 millones de pesetas.Entre las más importantes, se hallan los 168 millones para la que fue empresa pública Lactaría, en manos entonces de Tabacalera y hoy adquirida por Leyma; 139 millones a Pascual; 92 millones al grupo vasco Iparlat; 80 millones a Danone; 80 millones a Puleva; 74 millones a la industria de Francisco Rodríguez, Reny Picot; 50 millones a Nestlé; 47 millones a Ato y 30 millones a Larsa; 39 millones a Clesa, propiedad del vicepresidente de CEOE Arturo Gil; 29 millones a Lácteas del Atlántico; 44 millones a Lagasa; 35 millones de pesetas a Leyma y 34 millones a Granja Castelló. Entre las sancionadas no se halla Central Lechera Asturiana.Sobre Fenil recae una sanción de 15 millones de pesetas. Hay, además, una multa de un millón de pesetas por no colaborar con el tribunal a cada una de las firmas siguientes: Celpa, Iparlat, Nuprosa, Lácteos del Pirineo y Quesería Miraflores. Para responsables de Fenil, esto supone "la puntilla" para las industrias.En opinión de Fernando Moraleda, la acción de los industriales supuso en su día para los ganaderos una reducción de ingresos de unos 15.000 millones de pesetas, que "no fueron repercutidos al consumidor ni sirvieron para modernizar las empresas". La UPA estudia reclamar daños y precios para cada ganadero afectado, por la vía de los tribunales ordinarios.