El Tribunal Supremo ordena a los juzgados vascos que investiguen los casos de violencia callejera

El Tribunal Supremo ha resuelto que los juzgados del País Vasco deberán investigar as denuncias por desórdenes públicos y violencia callejera hasta comprobar si los presuntos delitos son de terrorismo, según nuevo Código Penal. Sólo en ese caso podrán inhibirse en favor de la Audiencia Nacional. Así lo estableció el Supremo el pasado 24 de mayo, al resolver un conflicto de competencia entre la Audiencia Nacional y un juez de Barakaldo (Vizcaya).

La orden de la Sala Segunda del Tribunal Supremo al Juzgado de Instrucción número 2 de Barakaldo es muy clara: hay que investigar las denuncias, tomar declaración a denunciantes y denunciados y discriminar de todos los asuntos los que tengan que ver con el terrorismo. De este modo, resuelve el conflicto negativo de competencia, consistencia, en que tanto el juzgado del País Vasco como la Audiencia Nacional se inhibieron en el conocimiento de un caso de desórdenes públicos.El nuevo Código Penal catalogó entre los delitos de terrorismo -de los que es competente la Audiencia Nacional -aquellos que cometen "los que, sin pertenecer a banda armada, organización o grupo terrorista, y con la finaliclad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública, cometieren homicidios, lesiones ( ... ), detenciones ilegales, secuestros, amenazas o coacciones contra las personas", entre otros. En aplicación de este precepto, el juzgado de instrucción número 2 de Barakaldo, en un caso de desórdenes públicos en Portugalete, se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, que hizo otro tanto, por lo que ha tenido que resolver el Supremo.

Fuero preferente

La resolución, de la que ha sido ponente Roberto García Calvo, señala que, es "fuero preferente el del lugar" en el que se cometieron los hechos, por lo que el juzgado de Barakaldo no puede remitir sin más el asunto a la Audiencia Nacional, sino que ha de investigar antes de decidir si se encuentra ante un delito de terrorismo, en cuyo caso será correcto que se inhiba en favor de la Audiencia Nacional.

La ampliación del abanico de los delitos referentes a la violencia callejera que supuso la entrada en vigor del nuevo Código Penal condujo a que la mayoría de las denuncias formuladas en los juzgados de guardia del País Vasco por ataques o sabotajes, así como los presuntos autores de los hechos, sean trasladados a la Audiencia Nacional, y en algunos casos sin previa Investigación judicial. La resolución del Supremo alterará esa dinámica.

Según fuentes de la Ertzaintza, 86 personas fueron conducidas a la Audiencia desde enero de 1996 hasta mayo de este año, de las que sólo 39 ingresaron en prisión. Éstas tenían que ver con grupos organizados, de los denominados Y, y fueron detenidos con -orden judicial. Los principales problemas surgen con los detenidos de grupos no organizados de saboteadores. La Ertzairitza remitió a los juzgados vascos 224 detenidos por este tipo de delitos.

Ese es el caso elevado al Tribunal Supremo. El auto de competencia dictado el pasado día 24 hace referencia a un conflicto planteado por el Juzgado Decano de la Audiencia Nacional tras recibir un caso de desórdenes callejeros que se produjeron en Portugalete (Vizcaya) y que fue remitido por el Juzgado de Instrucción número dos de Barakaldo. La resolución del Supremo da la razón a la -Audiencia Nacional y obliga al de Barakaldo a que investigue la naturaleza de la denuncia. Propone además en su auto la línea de trabajo, al ordenar que se tome declaración a los denunciantes, que se intente identificar a los detenidos y que se establezca, si es así, relación con los delitos de terrorismo. En ese caso, y sólo en ese caso, el juzgado deberá remitir las actuaciones a la Audiencia Nacional.

La resolución tiene el alcance de ordenar a los juzgados que no se inhiban por sistema Y que instruyan hasta que consideren probada su incompetencia para juzgar esos asuntos. El auto, que ya ha sido remitido a las dos partes, puede haber sufrido algún retraso en llegar al Juzgado de Barakaldo debido a la huelga de funcionarios que en el País Vasco afecta a la administración de Justicia desde hace tres semanas.