El Gobierno da por resuelta la crisis en la Audiencia pese a la protesta de los fiscales

El Gobierno da por desatascada la crisis en la Audiencia Nacional y minimiza la reacción crítica de las asociaciones de fiscales tras el nombramiento de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional y la dimisión de la secretaría general técnica del fiscal del Estado. Así lo expresó ayer un portavoz del Ejecutivo, pese a la polémica desatada, tras la habitual reunión de maitines de la cúpula gubernamental. Alfredo Prada, portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Senado, fue aún más lejos, al acusar de "celo corporativo" a las asociaciones de fiscales.

El Gobierno pone el acento unánimemente en los fines más que en los medios. Para La Moncloa, lo importante es que desde el pasado 10 de enero, tras el cese de José Aranda, no había un fiscal jefe de la Audiencia Nacional y ahora sí lo hay, a efectos de las importantes tareas a las que debe dedicarse la Audiencia, como el terrorismo. "Los fiscales han reaccionado críticamente, pero ¿era acaso mejor seguir sin fiscal jefe de la Audiencia?", se preguntaba ayer un portavoz del Ejecutivo.A partir de ahí, el Gobierno concede una importancia me nor al conflicto suscitado entre los fiscales y el Gobierno, con la petición incluida de la dimisión de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, por la cuestionada legalidad del nombramento de Fungairiño. Le parece una polémica interna entre profesionales de la Fiscalía. En este mismo sentido se pronunció ayer el vicepresidente político del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, que, en unas declaraciones a Radio Voz, señaló que no tiene sentido la confrontación de los fiscales del Consejo Fiscal con el Gobierno "porque no conduce a nada". A su juicio, el fiscal del Estado, Jesús Cardenal, "ha ido al problema" de la Audiencia al promover el nombra miento de Fungairiño.

El portavoz del PP de la Comisión de Justicia del Senado, Alfrado Prada, fue aún más lejos al señalar que las asociaciones de fiscales se han dejado llevar por su "celo corporativo" al pedir la dimisión de la ministra de Justicia, ya que "no les ha llevado a efectuar ninguna crítica cuando el Consejo Fiscal se ha acreditado incompetente para dar una solución a la crisis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional".

El Gobierno defiende la legalidad de la decisión adoptada por el fiscal general del Estado: el nombramiento del fiscal jefe de la Audiencia Nacional sin consultarlo con el Consejo Fiscal. "Todo parece indicar que no se ha tomado una decisión contraria a la ley. Lo dicen el fiscal del Estado y la ministra de Justicia", señalaba ayer un portavoz autorizado del Gobierno.

"Rota una tradición"

El Ejecutivo intenta vender la idea de que se ha limitado a seguir la opinión del Fiscal del Estado. Admite, eso sí, que se ha roto una tradición, la de la consulta vinculante al Consejo Fiscal. Pero se aferraa que hay argumentos legales suficientes para dar por válido el. nombramiento de Fungairiño,. ya que "el dictamen del Consejo Fiscal no es vinculante. Si fuera vinculante, sería lo mismo que decir que tiene capacidad de veto".

El Gobierno insiste en que el Consejo Fiscal sólo tiene rango consultivo frente a las tesis de las asociaciones de! fiscales que le atribuyen carácter vinculante. "Es un órgano asesor del fiscal general del Estado; pero no tiene el rango del Consejo General del Poder Judicial, que sí es un órgano decisorio de gobierno", señala un portavoz del Ejecutivo.

Las asociaciones fiscales se apoyan en el artículo 13,2 del Estatuto del Ministerio Fiscal, que señala: "El fiscal general del Estado decidirá sobre un ascenso a fiscal de sala conforme a dichos informes del Ministerio Fiscal". El Gobierno admite que la decisión del fiscal general del Estado puede ser recurrida por las asociaciones de fiscales, pero añade que "un juez puede estimar el recurso y otro rechazarlo".

"La normalidad ha vuelto"

En última instancia, el argumento principal del Ejecutivo es que pese al conflicto suscitado con el nombramiento de Fungairiño la normalidad ha vuelto a la Audiencia Nacional". Y trata de envolver su decisión con un halo de eficacia al señalar que, a fin- de cuentas, Eduardo Fungairiño tiene un currículo de 17 años en la Audiencia Nacional, 10 de ellos como número dos del fiscal jefe. También subraya que "nadie ha cuestionado la profesionalidad de Fungairino como experto en materia antiterrorista".

El vicepresidente político del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, repetía ayer un lema ya célebre en la tradición del Gobierno del PP: "Había un problema en la Fiscalía en1a Audiencia Nacional, que se acometió con el nombramiento del fiscal general del Estado". A juicio de Alvarez Cascos, este nuevo fiscal ha ido al problema, ha entendido que la decisión del Consejo Fiscal no era vinculante y ha dado la propuesta de Fungairiño. "Esta decisión es para resolver el problema al que el fiscal del Estado ha dado una salida jurídicamente correcta y políticamente necesaria".