Comienza en Málaga un macroproceso por aborto

Las 34 personas que en 1986 fueron detenidas en la clínica abortista del ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría en Málaga se sientan hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial de esta ciudad para responder de 44 delitos de aborto. Los acusados son cuatro médicos, incluido el propio Sáenz de Santamaría, otras. tantas trabajadoras de la clínica y 26 mujeres. -Las circunstancias que envuelven al juicio -una instrucción desmesuradamente larga y la situación poco ortodoxa en que se produjeron las detenciones- han caldeado el ambiente.Numerosas personalidades feministas y de izquierdas han anunciado que acudirán al juicio en señal de apoyo a los acusados. Los hechos que se juzgan a partir de hoy ocurrieron el 5 de noviembre de 1986. Exactamente a la una y media de la tarde de ese día, la policía, que se había informado de los días en que se practicaban abortos, hizo una redada en la clínica de Sáenz de Santamaría, situada en un edificio céntrico de Málaga.

Aparte del personal de la clínica, se encontraban allí 26 mujeres que habían acudido a abortar. A una de ellas, M. C. S. L., la sorprendieron en el momento en que el doctor Stolzemburg procedía a anestesiarla para la operación. Todos fueron detenidos y el caso tuvo tal relevancia que aceleró la tramitación de los actuales supuestos legales de aborto.

En su primera calificación, el fiscal del caso solicitaba un total de 91 años de cárcel para los médicos Germán Sáenz de Santamaría, Luis Alberto StoIzemburg, Ernesto Rittwagen, Valero Enfedaque y las cuatro trabajadoras de la clínica, y seis meses para cada una de las mujeres acusadas de someterse a abortos.

Sin embargo, fuentes de la fiscalía malagueña comentaron ayer que es muy probable que el fiscal del caso, Javier Torres, modifique esta calificación, puesto que el nuevo Código Penal prevé condenas más leves (un máximo de tres años, y no cuatro como entonces) por este tipo de delitos. El abogado defensor de los doctores Sáenz de Santamaría, Valero y Rittwagen, Pedro Apalategui, comentó ayer que pensaba pedir la nulidad del proceso alegando quebranto de las garantías constitucionales en un estado de derecho.

Representantes de clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo de toda España, políticas como Cristina Almeida y la ex ministra socialista de Asuntos Sociales Cristina Alberdi, responsables del Instituto Andaluz de la Mujer empezando por su presidenta, Carmen Olmedo, han anunciado ya que acudirán al juicio.