CONTROL DE MANIFESTACIONES

La Guardia Civil anula una orden de Roldán sobre control de manifestaciones

El director de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, anuló ayer una orden dictada en 1987 por su antecesor Luis Roldán en la que se encargaba al instituto armado que informara semanalmente de las "manifestaciones, conflictos socio-laborales y cualquiera otros ue incidan en la seguridad ciudadana". Según Valdivielso, la aplicación de esta directriz socialista fue lo que ha provocado la polémica investigación sobre los profesores asistentes a una manifestación celebrada el pasado 17 en Madrid. Ahora, la Guardia Civil sólo recabará este tipo de información "con carácter excepcional".

El partido socialista arremetió con dureza contra el Gobierno del Partido Popular por las investigaciones realizadas por la Guardia Civil sobre los participantes en la manifestación en contra de la política educativa. Sin embargo, el Gobierno dio ayer la vuelta a la tortilla y acusó a los socialistas de ser los padres de una antigua directriz que sirvió de base en esta ocasión a las pesquisas realizadas por el instituto armado.El origen del, actual conflicto, según López Valdivielso, es una circular dictada en marzo de 1987 por el entonces director del instituto armado, el hoy encarcelado Luis Roldán. En ella se establecía que las comandancias y sectores de Tráfico debían informar todos los viernes de "los acontecimienos previstos para la siguiente semana, comprensivos de manifestaciones, conflictos socio-laborales y cualquiera otros que incidan en la seguridad ciudadana", especificando las causas del conflicto, el colectivo afectado, fechas previstas y organizaciones convocantes.

Los informes requeridos en su día por Roldán a la Guardia Civil iban destinados a sus "superiores políticos", según López Valdivielso, el cual asegura que él jamás ordenó realizar investigaciones sobre el conflicto de la enseñanza y, además, niega haber recibido la información recabada sobre el asunto. Tales datos, según el Ministerio del Interior, fueron entregados a mandos del instituto armado, pero no a los responsables políticos del departamento.

El jefe de la Guardia Civil ha explicado, además, que "no existe informe alguno elevado a los mandos superiores que contenga informaciones relativas a la identidad, motivaciones o posiciones de ningún docente" en relación con este conflicto.

El actual responsable del cuerpo señala que, a partir de ahora, estos informes no serán rutinarios, "sino que tendrán siempre un carácter excepcional" y se limitarán a los casos "en los que exista un riesgo evidente para el orden público o la seguridad ciudadana y no para cualquier movilización o conflicto socio-laboral, como ocurre actualmente".

Sobre las investigaciones realizadas en Extremadura y Valencia, López Valdivielso aclara que los responsables de las unidades territoriales han seguido la normativa y los procedimientos habituales, con el único fin de informar sobre el número de personas y vehículos que iban a ser movilizados" por los organizadores de la protesta contra de la política de la ministra de Educación, Esperanza Aguirre.

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Según la dirección general, "el hecho de que sean sólo algunos mandos los que han considerado necesario dar esta información está en función de la relevancia o irrelevancia que cada mando ha asignado a esta moviliz- ación en el are a de su responsabilidad". Recuerda, además, que "hay numerosos casos" en los últimos años en que cuando ha habido convocatorias de manifestaciones "se ha actuado del mismo modo, tratando de averiguar el número de vehículos y personas que se van a trasladar en una movilización, sin que pueda considerarse un atentado contra las libertades".

El origen de esta polémica fueron unas revelaciones del presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien acusó a la Guardia Civil de espiar a los padres y profesores que iban a acudir a la manifestación de Madrid. Las pesquisas fueron especialmente intensas en Cáceres por orden del comandante José Antonio Hurtado.

La Comandancia de Cáceres ha realizado informes sobre 33 conflictos en los últimos seis años. El último lo confeccionó el pasado jueves sobre los "paros parciales en Renfe por la deficiente infraestructura ferroviaria".

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