Los ciudadanos y la Hacienda pública

Se está tramitando en el Congreso uno de los pocos proyectos de ley que el Gobierno del PP ha remitido a esa Cámara: el de derechos y garantías de los contribuyentes. En opinión de muchos de los que lo conocen, tiene un con tenido recopilador de normas ya existentes que, pese a su cercana promulgación, ahora se repiten o se refuerzan terminológicamente. Comparto este punto de vista, ya que me apoyo en el hecho de que en el inicio de esta década, el Gobierno del PSOE efectuó una se rie de reformas cuya finalidad era elevar la calidad de los servicios tributarios, mejorando las garantías de todos cuantos actuaban en ellos. Modificó un viejo y obsoleto modelo de relaciones impositivas caracterizado por la insensibilidad, la incapacidad para aprender y adaptarse, que actuaba sobre ciudadanos pasivos cómoda mente instalados en el paradigma imposición-protección.El cambio de modelo se hizo para levantar otro más abierto y participativo, en el que la administración tributaria facilitaba el cumplimiento de las obligaciones fiscales informando y asistiendo a los ciudadanos, a la vez que empleaba procedimientos cada vez más rápidos, simples y precisos para ayudar al pago de los impuestos. De esta forma colaboraba con los cumplidores, a la vez que reprimía a los que voluntaria y conscientemente apostaban por el incumplimiento fiscal.

Estas reformas permitieron dar un gran salto hacia adelante, tanto en el comportamiento de la administración tributaria como en el de los ciudadanos. La primera pasó a desempeñar una doble función. De un lado, impulsaba tareas habituales y rutinarias al servicio de un objetivo recaudatorio que se apoyaban en un claro componente coactivo, toda vez que las aportaciones voluntarias nunca han sido lo suficientemente abundantes como para llenar las arcas públicas. A la vez, extendía la pedagogía política, en una sociedad de derechos en ascenso, reduciendo el antagonismo entre los contribuyentes y la Hacienda pública. Buscando reconciliar a los ciudadanos con su fiscalidad, evitando que aquello que unos no pagan, debiendo hacerlo lo terminen pagando otros porque poseen mayor espíritu cívico o porque tienen menos posibilidades de defraudar.

Los ciudadanos, aunque propensos a entender la tributación como un imperativo categórico al que no siempre habían de someterse, aceptaron que los impuestos son el precio que se paga por la civilización y que ningún test sirva mejor que el tributario para poner en su verdadero sitio tanto a las personas como a los grupos sociales (Ordóñez).

En este contexto, la definición de relaciones entre los ciudadanos y la Hacienda pública -incorpora al menos la parte más programática del proyecto de ley- es cualitativamente poco novedosa, ya que apenas si acrecienta los derechos ya reconocidos por las leyes actualmente en vigor y que han ve nido siendo garantizados por la jurisprudencia. Es más, a partir de esta circunstancia, creo que bien pudiera haberse ahorrado una gran parte de esta iniciativa legislativa -por innecesaria-, cuya oportunidad considero que en modo alguno se justifica en la protección y en el desarrollo de los derechos de los contribuyentes, ya que éstos no venían siendo víctimas de un comportamiento despótico por la administración tributaria.

Por ello, otra ha de ser la motivación que ha tenido el PP para remitir el proyecto de ley a las Cortes. Analizándolo, se pone inmediatamente de relieve una orientación dirigida a abrir una brecha en la política de cumplimiento tributario que llevó a cabo el PSOE. Desde este panorama, el llamado estatuto del contribuyente es un texto desequilibrado y discriminatorio.

Desequilibrado, dado que las normas y los principios no pueden exigirse en una sola dirección, puesto que al hacerlo así se ocasiona un profundo desajuste. Recuerdo que Bernard de Mandeville, en la Fábula de las abejas, sostenía que los manejos habilidosos de los políticos diestros habían de conducir a la conversión de los vicios privados en virtudes públicas. Pese a lo atinado que ha. resultado en múltiples ocasiones tal consejo, el Gobierno del PP lo ha echado en saco roto.

Pero, además, ha ignorado un hecho tan básico que manifestó alguien tan destacado en la teoría de la Hacienda como Carl Shoup cuando decía que la administración tributaria es clave para la política tributaria. Pues bien, apenas se dice algo en favor de ella en el texto que analizo. Resulta notorio el olvido que se hace de los criterios destinados a posibilitar el trabajo de quienes son los encargados de aplicar el sistema fiscal haciéndolo compatible con el ejercicio de los derechos de los administrados.

La percepción que tiene que sentir el que se arriesga a incumplir las normas tributarias ni se ha destacado ni se ha potenciado. Aparece aquí un primer problema, puesto que una actuación receptiva de la administración tributaria tiene que fundamentar la calidad del servicio que presta, en el combate que desencadena para erradicar las conductas insolidarias, concibiendo su relación con los ciudadanos como una tarea compleja en la que es imprescindible definir prioridades y, sobre todo, establecer un fuerte compromiiso político.

La esfera tributaria siempre está preñada de intereses que resultan conflictivos y problemáticos de equilibrar y armonizar. Por ello, constituye una grave equivocación el que no se dé una respuesta a las demandas democráticas de quienes preguntan: ¿por qué se escucha a algunos grupos más que a otros?, ¿por qué en relación con los diferentes rendimientos se hacen unas tareas y no otras?, ¿por qué se pone énfasis en corregir la presunta arbitrariedad de un funcionamiento actuante de la Hacienda pública, a la vez que se articula un procedimiento en el que la administración de las pruebas se dificulta tanto que puede resultar una auténtica obra de arte hacer una correcta inspección a algunos contribuyentes?

Desde el ámbito político debe darse una respuesta a estas preguntas y a otras similares. Situado en él, considero que la amenaza más permanente que se esconde tras el escenario actual está en el creciente abandono que se detecta de los compromisos que hacían que los ciudadanos en múltiples momentos y en lugares distintos se encontraran como iguales.

La extensión de una abundancia material sin precedentes en nuestra reciente historia, la confianza cada vez más firme en que de ahora en adelante tendremos un nivel de vida superior al que actualmente tenemos, ha posibilitado el que se abra un enfoque distinto de los problemas, en el que la desigualdad vuelve a establecerse y a afianzarse. Como consecuencia de él, el respeto social que caracterizó al tránsito hacia la democracia y a la etapa de Gobierno del PSOE corre el riesgo de perderse en perjuicio del trabajo manual honrado.

Desde esta perspectiva manifiesto que en las sociedades democráticas existe la posibilidad de defender el interés personal, pero la cohesión exige su elevación y refinamiento hasta alcanzar "un interés personal instruido" (Lasch), en el que el apoyo a esos derechos individuales se acompaña del respeto a los derechos del resto de los ciudadanos aunque sólo sea porque se espera que todos hagan lo mismo.

La política -y la política fiscal como expresión de la misma- no puede reducirse a la satisfacción de las demandas individuales, por selectas que éstas sean. Pese a la cerrazón de los poderosos, a los síntomas de balcanización en la opinión pública y a la ignorancia creciente hacia aquéllos que viven del trabajo productivo en las sociedades, hay intereses globales para cuya cristalización no basta con que se realicen tareas en favor de este o aquel grupo de intereses. La defensa de los intereses generales de los, ciudadanos obliga a mostrar la dirección que quiere llevarse, situándola por encima de los enfoques particulares que pueden tener algunos de ellos, aunque tan sólo fueran usuarios, clientes proveedores.

Conducir la nave del Estado buen puerto implica señalar el esquema de preferencias fiscales mostrándole a los ciudadanos las orientaciones que se pretende seguir. Desprenderse de la enredadera construida en la tela de araña que forman: auditores, consultores, escuelas de negocio, subcontratistas y políticos neoliberales. Y todo, porque existen otros factores de legitimación.

Quizás por ello creo que nos encontramos con que el PP defiende los intereses de unos pocos, a la vez que renuncia a la complicidad de la mayoría y, lo que es peor, a sus puntos de vista. Tras su actuación no cuesta nada ver que en el estatuto de los contribuyentes están entrelazados los planteamientos de esos grupos a los que expresamente he aludido, lo que hace que nos hallemos ante un texto ya innecesario, que está desequilibrado y que es discriminatorio política y socialmente.

Que constituye, además, un elemento añadido a una política que viene aplicándose desde junio de 1996, cuyo hilo conductor, una vez y otra vez, viene consistiendo en reducir la importancia de la capacidad de pago en la determinación de la aportación fiscal de los ciudadanos y en acentuar la desigualdad tributaria.