Un diputado de IU visita a dos ex agentes del Cesid arrestados para solidarizarse con ellos
El portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Defensa del Congreso, Willy Meyer, visitó ayer a los ex agentes del Cesid Diego Camacho y Manuel Rey, que se encuentran arrestados desde el pasado lunes por realizar declaraciones a la prensa sin autorización, para transmitirles el apoyo de su coalición.Tras entrevistarse con ambos, Meyer aseguró que el arresto de los antiguos agentes secretos es "injusto", sobre todo tras haber descartado públicamente el Ministerio de Defensa cualquier vinculación de dichos militares con la guerra sucia contra ETA.
"Al menos, se ha restituido su profesionalidad y su honor", agregó Meyer, "pero Izquierda Unida seguirá peleando para que el Gobierno lleve a cabo la reestructuración de los servicios de inteligencia y la operación de limpieza que prometió, ya que en el Cesid sigue habiendo gente vinculada con los GAL".
El diputado anunció que aprovechará la sesión de control al Gobierno, en el pleno del Congreso de la próxima semana, para preguntar al ministro de Defensa las razones del arresto de Camacho y Rey y el retraso en la reestructuración del Cesid.
También afirmó que pedirá a Serra que levante el deber de reserva de los dos ex agentes para que puedan contar todo lo que sepan sobre la relación del Cesid con la guerra sucia. El ministro no accedió a la petición de Camacho y Rey de que se les permitiese declarar sobre los GAL en el expediente disciplinario, alegando que el expediente nada tenía que ver con ese asunto y que si conocían algún hecho delictivo debían comunicarlo.
El coronel Camacho cumple un arresto de un mes y medio en la base aérea de Cuatro Vientos (Madrid), mientras que el teniente coronel Rey cumple un mes y un día en la Agrupación de Infantería de Marina de la capital. El abogado de ambos, Ramón Codina, ha presentado un recurso de súplica contra la sanción y ha pedido que se suspenda cautelarmente su cumplimiento.
Los dos ex agentes fueron separados en octubre pasado del servicio secreto, junto con otras 26 personas, después de que se les calificara como "no idóneos". Entre el 23 de enero y el 17 de febrero realizaron distintas declaraciones públicas en las que calificaban su expulsión de "purga".
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