El hermano de Perote comunicó a Garzón dos meses antes que tendrá los 'papeles del Cesid'

El 15 de diciembre de 1995, el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción sentenciaba a fa vor del Gobierno socialista y en contra del juez Garzón en el contencioso por los papeles del Cesid. En aquel momento parecían agotadas todas las vías para que los documentos secretos se incorporasen a los sumarios sobre el caso GAL. Sin embargo, el 19 de diciembre, sólo cuatro días después de la sentencia, se ponía en marcha el mecanismo que acabaría dando la vuelta a la situación. Ese día declaró ante Garzón José Antonio Perote, hermano del ex agente del Cesid. Su declaración ha permanecido secreta hasta ahora.

"Alguien le iluminó". Ésa fue la respuesta que dio Juan Alberto Perote a los periodistas de Antena 3 Televisión cuando le preguntaron, en una entrevista reciente, cómo pudo saber Garzón que los papeles del Cesid se encontraban en su celda.En efecto, el 8 de febrero de 1986, el juez de la Audiencia Nacional se presentó inopinadamente en la prisión militar de Alcalá de Henares y, tras registrar el aposento del coronel, se llevó un relato salpicado de transcripciones textuales de los documentos del servicio secreto sobre la guerra sucia contra ETA.

Con estas transcripciones en la mano, tanto Garzón como los también jueces Javier Gómez de Liaño y Justo Rodríguez reclamaron la desclasificación de los papeles del Cesid, que se acabaría produciendo 14 meses después, previa sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

El levantamiento del secreto que hasta ahora pesaba sobre el sumario del caso Oñederra ha permitido conocer algún detalle sobre la "iluminación" que, según Perote, llevó a Garzón hasta su celda de Alcalá. El 19 de diciembre de 1995, compareció en la Audiencia Nacional el hermano del ex agente del Cesid, el también coronel en la reserva José Antonio Perote, Curro.

El juez disponía entonces de una copia del acta fundacional, que le había entregado en septiembre el antiguo dirigente socialista vizcaíno Ricardo García Damborenea, y también de la descripción de algunos papeles del Cesid, efectuada por el propio Perote en sus declaraciones.

Le faltaba, sin embargo, la textualidad de los documentos y no parecía posible que pudiera obtenerla tras la sentencia de la Sala de Conflictos, presidida por el entonces presidente del Tribunal Supremo, Pascual Sala, que avalaba las tesis del Gobierno.

A principios de enero

Curro declaró entonces al juez que "funcionarios del Cesid le han garantizado que existen los originales de estos documentos relativos a los GAL y que existe la posibilidad de que puedan ser aportados a este juzgado en unas fechas relativamente próximas de principios de enero, comprometiéndose el declarante si llegan a su poder a aportarlos inmediatamente a este juzgado".El hermano de Perote no explicó en qué basaba su pronóstico de que los papeles del Cesid llegarían al juzgado a principios de enero. Los hechos parecieron desmentirle inicialmente. El día 29 de ese mes, sin que la entrega se hubiera producido todavía, Garzón citó a Juan Alberto, el ex agente del Cesid.

"Preguntado para que manifieste dónde se encuentran tales documentos y por qué no los pone a disposición judicial", recoge la declaración, "contesta que en este momento, aunque le consta que existen, no los tiene a su disposición, aunque se compromete a entregarlos en su caso al juzgado inmediatamente que los tenga".

Sólo 10 días después de este diálogo, Garzón entraba en la prisión militar y se llevaba los informes que le negó el Gobierno. El abogado de Perote, Jesús Santaella, aseguró que su cliente no tenía nada que ver con el registro y, para demostrarlo, presentó una protesta formal.

La alambicada forma en que los documentos llegaron a Garzón tenía una ventaja: permitía a Perote sostener que, a pesar de encontrarse en posesión de transcripciones de las microfichas que él mismo sustrajo del Cesid en noviembre de 1991, eso no significaba que hubiera hecho copias. Según su explicación, una persona "con la que tiene relación de amistad y parentesco", cuya identidad no quiso revelar, le entregó los documentos tras recibirlos de forma anónima.

La fórmula parecía inspirada en la que utilizó García Damborenea para entregar el acta fundacional. El 28 de julio de 1995 anunció a Garzón que le haría llegar el documento si lo encontraba y, efectivamente, lo encontró el 6 de septiembre. Se lo dio en 1983, según dijo, Jesús Somontes, un agente del Cesid ya fallecido que, en consecuencia, no podía ratificar su versión.