Polémica en los tribunales españoles

La precipitada destitución del Fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo, nombrado por el Gobierno de centro-derecha el pasado verano , es un síntoma de malestar en el corazón del sistema judicial español.La decisión fue una velada respuesta del Gobierno a las hostilidades en la cúpula de los fiscales, particularmente en la Audiencia Nacional en Madrid, escenario de muchos casos relevantes y algunos extraños acontecimientos.

Una de las figuras claramente desconcertadas por el mecanismo de la investigación judicial es Carlos March, presidente del banco que lleva el nombre de su familia y grande de España, casi equivalente a Rockefeller. Para sorpresa suya y consternación de sus socios banqueros, una decisión judicial tomada la pasada semana le prohibió salir del país sin permiso del juez.

La actuación -que no tiene nada que ver con el banco, sino que está relacionada con el tema de la televisión, y que tiene mayores connotaciones políticas- es la última vuelta de tuerca de una serie de oscuros episodios que bien pudieran ser material de un culebrón televisivo sobre la profesión legal.

Una de las particularidades del sistema judicial español es la acusación popular, un caso criminal que un particular ejerce ante los tribunales si logra convencer al juez para que lo lleve a trámite. Los jueces instructores de la Audiencia Nacional tienen un amplio poder para tomar sus propias iniciativas. Este caso tan particular, iniciado por un controvertido abogado, es contra Sogecable, la empresa puesta en marcha por la cadena de televisión de pago Canal Plus, ligada a la cadena francesa del mismo nombre.

El caso tiene un trasfondo político, coincide con una amarga batalla sobre la televisión digital entre el Gobierno y Sogecable, que tiene su propio satélite ya en funcionamiento y que está luchando contra las condiciones reguladoras impuestas en el último minuto por la Administración.

Se acusa a Canal Plus de haber financiado originalmente su televisión de pago incorrectamente utilizando los depósitos pagados por sus 1,4 millones de suscriptores. El desembolso para formalizar la suscripción es de 9.000 pesetas por inscripción y 6.000 pesetas por el alquiler del descodificador. Carlos March es miembro del Consejo de Administración de Sogecable.El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño ya había limitado el movimiento del presidente de Sogecable, Jesús de Polanco, y otros dos altos ejecutivos. Sin embargo, una sala de apelación de la Audiencia desautorizó dichas órdenes por ser "arbitrarias" y "desproporcionadas" y "sin base legal". Sin embargo, la orden sobre March se mantiene.

Mientras tanto, el hermano mayor del juez, Mariano Gómez de Liaño, está también presente en la Audiencia Nacional en un papel diferente. Como defensor y socio del banquero caído en desgracia Mario Conde, se enfrenta a la acusación de fraude en el caso del grupo bancario Banesto, que fue intervenido por el Banco de España en 1993. También Gómez de Liaño defendió a Conde en un reciente juicio oral, donde el ex banquero fue sentenciado a seis años de cárcel y está pendiente de apelación.

En el pasado ha habido conmoción entre los jueces, algunos de los cuales han sido acusados de conducta irregular. El cese, el pasado viernes, de Ortiz Úrculo como fiscal general ha sido un intento de restaurar el orden. Su sucesor al frente de la fiscalía, Jesús Cardenal, es un respetable jurista, aunque con puntos de vista ultra-conservadores, que ha sido trasladado a Madrid desde el País Vasco.

Al mismo tiempo, la ministra de Justicia aceptó la recomendación de Úrculo de trasladar a uno de los fiscales de la Audiencia Nacional, María Dolores Márquez de Prado, a quien él acusó de ser "áspera" y cometer "excesos".

También ocurre que Márquez de Prado ha estado por algún tiempo unida sentimentalmente con el juez Gómez de Liaño.

La polémica ha supuesto una pesada carga sobre la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, cuya actuación ha sido atacada por el líder de la oposición, Felipe González, como de una "asombrosa ineficacia".

Los expertos legales dicen que lo esencial del problema está en la institución misma, la Audiencia Nacional. Puesta en marcha tras la era de Franco, inicialmente para ser el lugar en el que debían ser juzgados los delitos de terrorismo, cubrió el vacío que dejó la abolición del ignominioso Tribunal de Orden Público, donde, por cierto, el padre de la ministra de Justicia ejerció de juez. Ya el pasado mes de diciembre, la mayoría de los españoles encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas pensaba que los acontecimientos en la Audiencia Nacional conllevarían una pérdida de confianza en la justicia. Lo que ahora parece una afirmación muy moderada.

, 12 de mayo