Los últimos 35 días

Estamos en la recta final. El 17 de junio en Amsterdam se definirá el perfil institucional de Europa y con él, el destino, al menos inmediato, de la construcción europea: seguir avanzando hacia la Europa política o quedarnos varados en su espacio económico. Encerrados en el euro, olvidamos que toda política está condenada al fracaso si no dispone del adecuado marco institucional y normativo para llevarla a cabo. Y que la Conferencia Intergubemamental es nuestra última oportunidad para forjarlo. Sobre todo, teniendo en cuenta que, apenas concluya, se iniciarán las negociaciones para la incorporación a la Unión Europea de los países de Europa central y oriental, lo que incrementará notablemente la complejidad de su ya difícil funcionamiento.Las modificaciones que la Conferencia introduzca en el Tratado de Maastrichit tienen que responder a las necesidades de hoy, que se traducen en unos objetivos a conseguir, mínimos pero imperativos. Por lo que toca al Parlamento se trata de establecer un procedimiento electoral uniforme, con la institución de una lista europea junto a las listas nacionales y la creación de circunscripciones europeas. También, simplificar la toma de decisiones; extender el ámbito de la codecisión al máximo con el fin de sustraerla a los intereses y arbitrariedades de los Estados; y otorgar al Parlamento para todos los gastos las facultades que tiene en los de condición no obligatoria, acabando con la distinción entre éstos y los obligatorios.

En una organización como la UE en la que una misma instancia -el Consejo de Ministros- acumula la función legislativa y la ejecutiva desde la ambigua consideración de ser, al mismo tiempo, parte- -en cuanto Estado- y todo -en cuanto Unión- es esencial que exista un órgano -la Comisión- que intervenga como guardián de los Tratados y garante del interés comunitario. De aquí la importancia de resistir a algunos Estados miembros que quieren reducirla a una Supersecretaría general, cancelando o mermando su capacidad de proposición, que posee en exclusiva, y limitar sus competencias gestoras confiando a estructuras paralelas la responsabilidad ejecutiva de numerosos sectores. En el primer pilar, también, ha de crearse un capítulo sobre el empleo, incorporando el protocolo social al Tratado y lanzando programas comunitarios para incentivar el empleo, que es el modo más eficaz de luchar desde Europa contra el paro.En el segundo pilar, y en lo relativo a la política exterior, dominio reservado a quienes tienen que tomar la decisión, habremos de conformamos con pequeños aditamentos -el establecimiento de una troika que tenga como ejecutivo al Secretario General del Consejo, la instauración de la abstención constructiva, la creación de una célula de análisis...- y con la esperanza de que los Estados atemperen su desconfianza en el papel negociador de la Comisión. En los temas de seguridad, en cambio, el mínimo se sitúa en hacer buena la propuesta alemana que parece contar con el apoyo de Francia, España, y el Benelux de integrar la Unión Europea Occidental en la UE.

El mínimo del tercer pilar se sitúa en conseguir para las personas la misma libertad de movimiento que tienen ya los capitales, los bienes y los servicios. Para ello hay que incorporar el Convenio de Schengen al Tratado, comunitarizando gran parte de su contenido y abriendo un título nuevo, en el primer pilar, que bajo la denominación de "Libertad, Seguridad y Justicia" organice la libre circulación de personas y su seguridad y regule los temas de la inmigración, control de fronteras exteriores, visados, aduanas, derecho de asilo ... Con lo que quedaría sólo en el tercer pilar la cooperación judicial en materia penal y policial.

Piedra angular de toda la construcción europea es el de los Derechos Humanos, hasta ahora sólo marginalmente contemplado. No parece posible la adhesión de la UE al Convenio del Consejo de Europa ni por razones técnicas ni por consideraciones de legitimidad constitucional, pero cuanto menos ha de establecerse, de forma explícita, el control judicial por el Tribunal de Luxemburgo de todos los Derechos Humanos que se recogen en dicho convenio.

Sólo nos quedan 35 días para lograr imponer esos mínimos a los que se resisten los Estados y por los que batalla la Comisión, y en su nombre el comisario Oreja. ¿Qué puede hacerse? Pedir el alineamiento de los Estados con la posición del Parlamento Europeo, como hicieron Italia y Bélgica cuando ratificaron el Tratado de Maastricht, tal vez sea la petición más a nuestro alcance.