El militar 'fichado' en Economía es cuñado del viceconsejero.

Madrid - 12 may 1997 - 00:00CEST

Izquierda Unida ha acusado de "nepotismo" al Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón por contratar para el cargo de secretario general técnico de la Consejería de Economía al teniente auditor Joaquín María Peñarrubia Iza. La protesta de la coalición se basa, en primer lugar, en el hecho de que Peñarrubia es cuñado del actual viceconsejero de Economía, Miguel Velarde. "Por si esto era poco, el ministro de Defensa ha declarado el puesto de la Comunidad de Madrid de inteés para la defensa nacional, con el único fin de que quien lo ocupa, el cuñado del viceconsejero, no pierda antigüedad y trienios cuando vuelva al ministerio", señala el portavoz de IU, Juan Antonio Candil.La contratación de Peñarrubia calentará esta semana el debate parlamentario regional. Izquierda Unida interpelará el miércoles en el salón de plenos e la Asamblea de Madrid al conejero de Economía, Luis Blázquez, para que explique por qué se declara el puesto de secretario general técnico de la Consejería de Economía "de interés para la defensa nacional".

Candil denunciará, además, que el parentesco de Peñarrubia con el viceconsejero de Economía es la auténtica razón de la contratación para que ocupe el cargo de secretario general técnico y en ningún caso el interés para la defensa nacional".

Blázquez rechaza estas acusaciones: "El nombramiento lo hice yo personalmente, y no el viceconsejero de Economía", explica. Y recuerda que contrató a Peñarrubia, en enero pasado, por su experiencia en temas juridicos. Los secretarios generales técnicos de las autonomías tienen como principal función velar por la legalidad de todos los actos administrativos que se realizan en sus departamentos. Peñarrubia pertenece al cuerpo jurídico del Ministerio de Defensa.

Dos meses después de su nombramiento en la Comunidad de Madrid, el ministro de Defensa, Eduardo Serra, declaró este puesto regional "de interés para la defensa", y la Administración central autorizó el traslado del teniente auditor en "servicios especiales".

La única ventaja de esta declaración, según el propio Peñarrubia, consiste en que no pierde antigüedad en el ministerio por muchos años que trabaje en la Comunidad de Madrid. Si Peñarrubia hubiera aceptado el cargo de secretario general técnico y hubiera pedido una excedencia voluntaria en el Ministerio de Defensa, el tiempo que hubiera pasado en la Administración autonómica no hubiera contabilizado como antigüedad.

Blázquez defiende que los "militares no pueden ser ciudadanos de segunda", y, por ello, tienen derecho a gozar de1as mismas ventajas laborales que el resto. "Si a Peñarrubia no le hubieran declarado el puesto de interés para la defensa, no se hubiera venido y la Administración regional hubiera perdido a un magnífico profesional", dice Blázquez.

IU ve prevaricación en el acuerdo que declara de interés para la defensa un puesto de la Comunidad

¿Qué interés para la defensa nacional tiene el puesto de la Comunidad de Madrid?, se pregunta el portavoz de Izquierda Unida, Juan Antonio Candil.Luis Blázquez replica: "En la secretaría general técnica de la Consejería de Economía se abordan temas variopintos y se adquiere una extraordinaria experiencia en gestión pública. Por eso, para el Ministerio de Defensa es muy interesante que su personal adquiera este bagaje".

Candil señala que si ésas fueran las razones, "habría que declarar de interés para la defensa todos los puestos de secretario general técnico de todas las consejerías de todas las comunidades autónomas, y ofrecer esa beca a todo el personal inexperto que esté trabajando en el Ministerio de Defensa".Beca de las autonomías

"Sería una especie de beca de las comunidades autónomas a la Administración central, lo que de hecho significaría una transferencia inversa de fondos públicos desde las administraciones regionales hasta la Administración central", remacha el portavoz de Izquierda Unida.

La coalición ha investigado en los archivos del Ministerio de Defensa para conocer cuántas excepciones laborales ha aprobado el ministro Eduardo Serra parecidas a la del teniente Peñarrubia. Juan Antonio Candil ha encontrado cinco casos en los últimos seis meses que trataban de autorizaciones de traslados de militares a otros puestos declarados de interés para la defensa. En todos estos casos, según Candil, la declaración está plenamente justificada, pues el cargo en cuestión está directamente relacionado con la defensa del territorio español.

Izquierda Unida cree que en la resolución aprobada por el ministerio de Eduardo Serra para conceder el traslado de Peñarrubia a la Comunidad de Madrid en "servicios especiales" se han cometido algunas irregularidades.

El portavoz de la coalición piensa que ha podido existir prevaricación al dictarse "una resolución injusta a sabiendas". "En el acuerdo, tomado el pasado 11 de abril, se dice que tendrá efectos retroactivos desde el 16 de enero, día en que Peñarrubia fue nombrado secretario general técnico en la Comunidad de Madrid. Los efectos retroactivos que se le han regalado a Peñarrubia están prohibidos por la ley", mantiene.

Candil aporta como prueba de su denuncia el texto del Real Decreto 1.385/1990, donde se establece que el pase a la situación de servicios especiales por interés para la defensa tendrá efectos desde la fecha de la concesión, en este caso el citado 11 de abril, y no desde la fecha de nombramiento en el nuevo puesto, en este caso, el 16 de enero. "Da la impresión de que se ha querido favorecer en todo al teniente Peflarrubia, vulnerando la ley", insiste Candil.

Izquierda Unida entiende además que, durante el periodo que va de una a otra fecha, el teniente auditor pudo incurrir en incompatibilidad al trabajar en la Comunidad de Madrid sin haber conseguido previamente la autorización para el traslado por parte del Ministerio de Defensa.

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