Otro exabrupto

CUANDO EL caso de los expedientes tributarlos supuestamente prescritos con gran quebranto para la Hacienda pública parecía orientado en la dirección correcta -sujeto a investigación en una comisión parlamentaria-, un nuevo exabrupto de u n responsable del Partido Popular ha vuelto a sustituir la serenidad por la crispación y el examen por la acusación inquisitorial. El diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo ha acusado a la ex directora de la Agencia Tributarla Juana Lázaro de favorecer a La Caixa por el procedimiento de desistir del recurso de casación contra las sentenclas de la Audiencia Nacional que daban la razón a la entidad financiera en el caso de las primas únicas.La intervención de Del Burgo demuestra que el partido del Gobierno ha aprendido muy poco de los errores cometidos por Aznar, Rato y Juan Costa cuando iniciaron una campaña política contra los responsables tributarios del último Gobierno socialista por la prescripción de más de 200.000 millones de deuda tributarla. No sólo no pudieron demostrar sus acusaciones de amiguismo y prevaricación para favorecer fiscalmente a "los amiguetes del PSOE", sino que el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, hubo de reconocer, en voz baja y a regañadientes, que no existían pruebas de intencionalidad política en el retraso de la tramitación de las actas. Hay suficientes evidencias de que el funcionamiento de la Agencia Tributarla durante la anterior Administración no fue precisamente eficaz, que hubo negligencias administrativas o falta de la capacidad suficiente para gestionar esos expedientes; pero las acusaciones del Gobierno entonces y de Del Burgo ahora atribuyen la comisión de un delito a un servidor público, y para hacerlas hay que tener pruebas o guardar silencio.

Desgraciadamente, la aparatosa imputación de Del Burgo no es solamente un acto demagógico más de entre los muchos que salpican la vida política española a diario. Constituye también una flagrante violación de los usos y costumbres parlamentarios en beneficio propio, en este caso del Partido Popular. El diputado Del Burgo utilizó una información obtenida en su condición de miembro de la comisión que investiga los hechos para atacar a los investigados; y todo ello con desprecio manifiesto al resto de los partidos políticos que forman la comisión y anticipando en su interés las conclusiones de la misma. Es a todas luces una conducta impropia y un abuso intolerable, que ha provocado la irritación del PNV y CiU, además de los socialistas, y que ha motivado peticiones, muy razonables, para que Del Burgo sea expulsado de la comisión.

Todo lo anterior no implica, desde luego, que la decisión tomada por el Gobierno anterior de no recurrir ante el Tribunal Supremo las sentencias de la Audiencia contrarias a Hacienda sea correcta. De hecho, puede ser discutible o debatible. La práctica habitual del Ejecutivo en los casos de deuda fiscal es recurrir hasta la última instancia. Si no lo hizo por cuestiones de coste, en tiempo o en personal, o por la excesiva complejidad jurídica proyectada sobre las primas únicas, será la comisión la que entienda la pertinencia de tales razones. El desistimiento del recurso de casación en el expediente de las primas únicas ya fue explicado ampliamente ante la Comisión de Economía por el ex ministro Pedro Solbes, responsable político de la decisión de desistir.

El nuevo recurso del PP a la bronca confirma su inquietud ante la posibilidad de que la comisión no ratifique las acusaciones de favoritismo fiscal patrocinadas temerariamente por los máximos representantes del Gobierno. La acusación arbitraria no es buen procedimiento para aclarar definitivamente un caso abierto y azuzado periódicamente por el Gobierno. La comisión parlamentaria debe tener un mínimo sosiego para zanjar políticamente tan enconada cuestión.