Liaño prohíbe salir de España a Carlos March y Leopoldo Rodés por el 'caso Sogecable'

El juez Javier Gómez de Liaño prohibió ayer salir de España a Carlos March y Lepoldo Rodés, representantes de la corporación financiera Alba en el Consejo de Administración de Sogecable, después de tomarles declaración en las diligencias abiertas contra dicha empresa -propietaria de Cañal +-. El magistrado ha impuesto a March la obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días, y a Rodés, cada 30 días, además de exigir a este último -que vive en Barcelona- un número de teléfono donde pueda localizarle a diario. El fiscal, Ignacio Gordillo, no solicitó medida alguna contra March, pero horas más tarde apoyó, en cambio, las decisiones que el juez considerase oportuno tomar respecto a Leopoldo Rodés.

Carlos March defendió ante el juez que parte del dinero de las fianzas abonadas por. los clientes por los descodificadores se integrara en el patrimonio de la sociedad. Agregó que consultó la operación con sus asesores y que éstos le señalaron que era perfectamente legal, puesto que se trataba de una fianza o depósito de garantía -una prenda irregular- que era una práctica común y ordinaria en Francia, el Reino Unido y, en general, en toda Europa.Gran parte del dinero de dichas fianzas fue usado para adquirir los descodificadores que permiten a los abonados de Canal + recibirla programación de dicha cadena. Afirmó también que los dividendos repartidos por Sogecable lo fueron con cargo a los beneficios obtenidos y no a las fianzas, y que los clientes fueron puntualmente informados del cambio de tipo de IVA aplicable cuando el Gobierno modificó el mismo.

March se negó a contestar las preguntas de las acusaciones, al igual que los anteriores consejeros de Sogecable que ya han declarado en el proceso. Acto seguido, algunos de los acusadores pidieron severas medidas contra él: así lo hicieron Javier Sáinz Moreno, que ejerce la acción popular; el abogado de Jesús Cacho -colaborador de Epoca y El Mundo- que se ha sumado a la querella; y Manuel Murillo, letrado de dos abonados a Canal +.

Sáinz Moreno planteó prisión incondicional para Carlos March o, alternativamente, la imposición de una fianza de más de 2.600 millones o de 1.440 millones, según se calculase aplicando el 12,6% de la participación de la corporación Alba en los 21.000 millones de las fianzas de los descodificadores o de los 12.000 millones de dividendos repartidos por Sogecable.

La otra acción popular, que representa a Cacho, pidió prisión para March, eludible mediante una fianza de 2.000 millones, igual que la acusación particular que ejercita el citado Murillo. La otra acusación particular, que ejerce el abogado valenciano Cristóbal Fernández, al igual que el fiscal, no pidieron medidas cautelares para March, mientras los abogados de la defensa instaron la libertad sin medida cautelar alguna.Cambio por la tarde

Por la tarde compareció Leopoldo Rodés, vicepresidente de la corporación financiera Alba y miembro de la comisión ejecutiva de Sogecable, quien declaró prácticamente lo mismo que March por la mañana. Defendió que la compañía integrara el dinero de las fianzas de los descodificadores en el patrimonio de la sociedad, porque era legal hacerlo; y precisó que no obtuvo grandes beneficios con ello puesto que hubo de pagar el coste de los aparatos, que en algunos casos era el doble que el de la fianza (había varios tipos de descodificadores, dependiendo del modelo del televisor y vídeo del cliente).

La posición del fiscal sobre Rodés varió respecto de la mantenida sobre March. Ignacio Gordillo solicitó que Rodés siga en libertad provisional aunque con las medidas cautelares que el juzgado considerase pertinentes para garantizar su disposición al proceso. Sólo el abogado Manuel Murillo pidió su prisión eludible con fianza. Sáinz Moreno y el abogado de Cacho pidieron, para Rodés, la prohibición de salir de España. Liaño lo aceptó. Al finalizar las declaraciones ante el juez, uno de los acusadores, Manuel Murillo, comentó a los periodistas que habría que estudiar la posibilidad de ampliar la querella contra otras personas que han pertenecido al consejo de Sogecable en épocas anteriores.