Desigualdad ante la ley

EL JUEZ de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño decidió ayer emprender un nuevo rumbo en el asunto Sogecable. Tras las declaraciones tomadas a tres consejeros de la sociedad, sin adoptar medidas cautelares contra ninguno de ellos, cambió de ánimo y prohibió salir de España a Carlos March y Leopoldo Rodés, con obligación de presentarse periódicamente en el juzgado. Al segundo, como miembro de la comisión ejecutíva de la sociedad, le obliga, además, a estar permanentemente localizado en un número de teléfono.Excepto el efecto intimidatorio para los consejeros que restan aún por declarar -dos meses después de la apertura de diligencias previas-, nada explica el cambio. La posición de Carlos March en Sogecable es milimétricamente exacta a la de los consejeros anteriores. ¿Por qué entonces el trato diferente? ¿Tal vez por su mayor relevancia social? Desde ayer, dos empresarios que simbolizan un capitalismo moderno, comprometido en ambos casos con la promoción de la cultura, no podrán abandonar el país por pertenecer al consejo de una sociedad que legalmente utiliza su fondo de abonados de idéntica manera que otras empresas de televisión de pago en Europa.

Por lo demás, y a la luz del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que tanto le gusta invocar en sus autos, Gómez de Liaño tendrá que explicar este trato desigual a los iguales. Son ya varias las decisiones tomadas en este caso por el juez que cuando menos atentan contra la ecuanimidad. La aceptación en minutos de una complicada denuncia basada en acusaciones periodísticas, la acumulación de sorprendentes acusadores populares o la arbitrariedad en conceder o denegar permisos de salida del país son sólo una muestra. Nada parece importarle al juez que la obligación establecida en la nueva ley de televisión digital -promulgada ayer- de depositar las aportaciones de abonados en una cuenta especial sea un reconocimiento explícito de que hasta ahora no había ninguna limitación legal en la materia.

Las acciones judiciales se producen al mismo tiempo que las medidas del Gobierno contra la empresa que ha lanzado Canal Satélite Digital y en combinación con un desaforado concierto de ataques desde las peanas periodísticas del poder. Todo viene a corroborar que estamos, y así se ha entendido ya en no pocos ámbitos españoles y extranjeros, ante un ataque concertado contra un grupo de comunicación incómodo para los actuales gobernantes. Y para ello se recurre a la intimidación y a la amenaza. Detestable desde las tribunas periodísticas, terrible desde el Gobierno y sobrecogedor desde la justicia.