Dimisión condicional

El fiscal Ignacio Gordillo amagó con abandonar la Audiencia Nacional si la ministra de Justicia, confirmaba la sanción impuesta a su colega Márquez de Prado por el fiscal general del Estado. Para no ser menos, Ortiz Úrculo, mosqueado por la inexplicable demora de la antedicha ministra en confirmar el traslado forzoso, amenaza con dimitir si finalmente la fiscal en cuestión permanece en su puesto y le obliga a pasar por el ridículo trance a que él mismo sometió al anterior jefe de la Fiscalía. La ministra de Justicia, perdida la oportunidad de confirmar sobre la marcha las sanciones, tiene que elegir ahora entre aceptar o rechazar el amago de dimisión del Fiscal Gordillo, y permitir o impedir que la fiscal Márquez de Prado y el coro de solidarios culmine su representación enviando un corte de mangas al Consejo Fiscal y al fiscal general. Prisioneros todos de sus amenazas y vacilaciones, todavía querrán que nos lo tomemos en serio.Pero seria es, a pesar de estos personajes decididos a interpretar una comedia de enredo, la cosa. El Ministerio Fiscal, dice la Constitución, ejerce sus funciones conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Destrozados ambos principios en la Fiscalía de la Audiencia Nacional por obra y gracia de los mismos fiscales, la única salida honorable que quedaba a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio de Justicia consistía en restablecerlos tomando las medidas pertinentes y ejecutándolas sin pérdida de tiempo. Amargo era el trago, pues en país tan corporativista como el nuestro no es cómodo que un fiscal imponga sanciones a otros miembros de la carrera: siempre está mal visto que entre compañeros pasen estas cosas. Aunque se trate de restablecer la legalidad, sancionar a los colegas no es plato de buen gusto para nadie, sobre todo porque los amigos, de los amigos te pueden hacer luego la vida imposible.

El problema es que, cuando se quiebran las normas de funcionamiento de cualquier organización, no hay más remedio que sancionar a los culpables comenzando de abajo arriba: antes al sargento que al comandante; antes al comandante que al general. Contra toda lógica, y con absoluta falta de discernimiento, aquí se comenzó al revés, y en los siete meses transcurridos desde entonces nadie ha sido capaz de arreglar el entuerto, pues como sabe hasta el más lego en la materia, cuando el general abre la marcha de los depurados, se envalentonan los comandantes. En el caso de los fiscales, cuando les llegó el turno de las sanciones, tuvieron la reacción típica de los chuletas de barrio: "Eh, oiga, que si le pasa algo a la colega, yo me voy". Y en lugar de tomarles la palabra y decirles que al salir cerraran por fuera, los jefes se dedicaron a templar gaitas y los sancionados siguen ahí como si tal cosa y uno de ellos se atreve incluso a presentar su candidatura para sustituir al general ausente y hacerse con el mando. El despropósito es tan mayúsculo que ahora nadie sabe qué hacer.

En una institución jerárquica, la dimisión condicional -me voy si no se hace lo que yo digo- es una intolerable arma de presión porque sitúa al superior en una posición imposible. Tal como entre todos han puesto las cosas, si la ministra opta por no sancionar a la fiscal, habrá cedido ante la presión del grupo de fiscales y de quienes lo jalean; si la confirma, aparecerá disminuida ante la amenaza del fiscal general. En semejante tesitura corresponde al Gobierno confirmar las sanciones y obligar a que todos los artistas despejen ese circo en que la vacilación de unos y la audacia de otros ha convertido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Quizá entonces pueda la fiscalía regirse otra vez por los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica que ordena la Constitución. Buena falta le hará, con todo lo que se le viene encima, ¿o es que precisamente por todo lo que se les viene encima andan tan revueltos los fiscales?