El Supremo juzgara este año el 'caso Marey' y dejará a la Audiencia el resto de los GAL

La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo espera resolver este año el caso Marey, único asunto de los GAL en el que hay procesado un aforado -el ex ministro del Interior José Barrionuevo-, razón por la cual interviene el Supremo. El presidente de la sala, José Augusto de Vega, no cree que se vaya a procesar a ningún otro aforado, por lo que estima que, con la resolución del caso Marey, "probablemente en noviembre" el Supremo acabará su cometido respecto a los GAL, y el resto de la guerra sucia contra ETA se juzgará por la Audiencia Nacional.

De Vega, en declaraciones a EL PAÍS, ha destacado "la cohesión de los 12 magistrados encargados de juzgar en el Supremo el, caso Marey y su identificación en la voluntad jurídica de resolverlo sin dilaciones, al margen del alcance penal que cada uno le dé". El presidente de la Sala Segunda, que se proclama "mucho más preocupado por la forma que por el fondo", insiste en que "la sala no se ha roto, ni siquiera cuando se dividieron sus votos con motivo de la decisión sobre si debía llamarse o no a declarar a Felipe González".Desde esa cohesión, De Vega hace sus cálculos de calendario y llega a la conclusión de que la sala podrá celebrar "a mediados de octubre o, como más tarde, en noviembre" la vista oral del caso Marey, secuestro en 1983 de un ciudadano francés al que los GAL confundieron con un etarra.

La dedicación de 12 magistrados a ese juicio obliga a De Vega a recontar las vistas pendientes que requerirán varios días o semanas y en las que participa alguno de los 12 jueces.

En primer lugar, la semana próxima comienza la vista del recurso de casación del caso de los subasteros; a primeros de junio, el último relacionado con el caso de la colza y, a continuación, se enjuiciará a los dirigentes de Herri Batasuna por la difusión de un vídeo de apoyo a ETA durante la campaña para las elecciones del 3 de marzo de 1996.

Filesa antes que Marey

Pero lo que más preocupa a De Vega es el Juicio del caso Filesa -sobre presunta financiación irregular del PSOE-, de previsible larga duración. Habrá que hacer una criba en la larga lista de "más de 450 testigos propuestos", así como en el resto de pruebas a practicar.

El comienzo de la vista del caso Filesa se prevé para julio, pero será seguramente necesario interrumpirlo para que la sala delibere sobre las peticiones de prescripción de delitos o nulidad de actuaciones que probablemente formularán las partes. En todo caso, se calcula que, tras las vacaciones de agosto, el juicio proseguirá en septiembre y, "como muy tarde", calcula De Vega, "terminará a mediados de octubre".

Esos cálculos conducen a la celebración de la vista del caso Marey en noviembre, como muy tarde. Sin embargo, el levantamiento del secreto sobre los papeles del Cesid que afectan a casos de los GAL que se tramitan en la Audiencia Nacional podría motivar la elevación de los mismos al Supremo, si aparecen indicios sólidos contra algún aforado, lo cual podría conducir a la acumulación del caso Marey con otros relativos también a los GAL.

Fuentes próximas a las acusaciones particulares de los casos Lasa-Zabala -que instruye Javier Gómez de Liaño- y Oñederra -del que es juez instructor Baltasar Garzón- no creen probable que los papeles del Cesid aporten- nuevos indicios que permitan inculpar al ex presidente del Gobierno, Felipe González, o a algún otro aforado. Tales fuentes atribuyen poca importancia penal a la polémica sobre si el significado de la abreviatura Pte., que aparece en algunos de los documentos, quiere decir Pendiente, como sostiene su autor, el general Emilio Alonso Manglano, o Presidente, como afirma el coronel Juan Alberto Perote.

Es poco probable que la Sala Segunda del Supremo asuma el caso si alguno de los jueces de instrucción se lo eleva. De Vega considera que, "incluso si lo asumiera la sala, no sería obligatorio que se lo quedase el pleno de la misma, ya que, habitualmente, los casos de aforados los tramita una sala de tres magistrados", presidida por él mismo.La tesis de acumulación en el Supremo de todos los casos de los GAL, de la que se ha hablado a veces en la Audiencia Nacional, está descartada por la Sala Segunda. Por el contrario, ésta tiene previsto, una vez que decida la apertura de juicio oral del caso Marey, desglosar este asunto de otros relacionados también con los GAL, a fin de evitar la contaminación de tres de sus magistrados -De Vega, Ramón Montero y Gregorio García Ancos-, que participaron en 1992 en la confirmación de la condena a 108 años de cárcel a los policías José Amedo y Michel Domínguez.

Los hechos ajenos a la presunta implicación de Barrionuevo en el secuestro de Segundo Marey, en 1983, y relacionados con los atentados a los bares Batzoki y Consolation, del sur de Francia, pasarían a la Audiencia Nacional. Así pues, la calificación jurídica que correspondería realizar a las partes del caso Marey, antes de que se celebre la vista oral, se circunscribiría a los hechos relacionados con el secuestro de Marey.

Aunque el desglose cuenta con un amplio consenso entre los 12 magistrados de la sala, algunos de ellos recuerdan que Barrionuevo se encuentra procesado no sólo por su presunta implicación en el secuestro de Marey, sino también por los supuestos delitos de integración en banda armada, a nivel directivo, y malversación de caudales públicos. Tales magistrados entienden que no es verosímil que la banda armada GAL tuviera como único objetivo el secuestro de Marey.

Frente a ello, De Vega recuerda los casos en que se enjuicia a miembros de ETA por delitos concretos, aunque también estén acusados de pertenencia a banda armada. En todo caso, la sala decidirá sobre el alcance del desglose.