"Con la cárcel no van a hacerme de Pro Vida"

Anoche tenía que estar brindando en una fiesta convocada para celebrar que el lunes había terminado el año de inhabilitación y, en lugar brindar, Gerrit Jan Bosma estaba pendiente de si unos policías llamaban a la puerta de su casa para llevarlo a la cárcel. "En 24 años pasas de la alegría a la desazón". Algo de esa desazón debía intuir su hija mayor, porque de vez en cuando asomaba tímidamente sus cuatro años por la puerta, mientras él lamentaba la arbitrariedad de un juez que, cumpliendo todos los requisitos para poder beneficiarse de una suspensión de la condena, no se la ha concedido, pese a que es norma habitual hacerlo cuando no hay antecendentes penales.Desde que el lunes la Audiencia dictó orden de detención e ingreso en prisión contra Jan Bosma, de nacionalidad holandesa, y Rolin Julio Robles, peruano, para que cumplan una condena de dos años por aborto ilegal, se han sucedido las reacciones en contra. "No comprendo qué finalidad tiene hacernos cumplir esta condena, porque no creo que en la cárcel vayan a regenerarnos. Con la cárcel no van a conseguir que me haga de Pro Vida, y tampoco va a haber ni un solo aborto menos; en todo caso, algún aborto peor practicado", decía ayer.

"Llevamos más de 10.000 abortos realizados desde que abrimos el Centro Médico Aragón, y nos han denunciado sobre todo maridos y novios despechados, pero sólo tenemos esta condena en firme por un caso en el que, si en algo fallamos, fue en no habernos protegido mejor".

Era una mujer que había quedado embarazada pese a llevar un DIU -dispositivo intrauterino- en un momento en que tenía graves desavenencias con su marido, un policía, y llegó a la clínica aconsejada por su propio ginecólogo de la Seguridad Social. "Hice un informe indicando que corría peligro tanto su salud física como la psíquica. Y me dicen que ese informe debía firmarlo un psiquiatra. Pero yo creo que si una mujer queda embarazada llevando un DIU no hace falta ningún psiquiatra para certificar que no quería el embarazo. Y el mero hecho de tener que quitarle el DIU ya supone un riesgo físico".

Gerrit ha tenido tiempo de comprobar que en España todo depende muchas veces de las interpretaciones, y que con relación al aborto todo es muy poco normal, y que la presión antiabortista le ha llevado ya una semana a la cárcel y tres días al calabozo policial por denuncias que luego no prosperaron ante el juez. "Parece que hay un halo nefasto y en ese halo participan muchos médicos, entre ellos algunos que practicaban abortos cuando eran clandestinos y podían cobrar grandes cantidades, y que ahora no los hacen porque ya no les trae cuenta".

La competencia también tiene que ver, según él, con lo que ahora le sucede. "Nosotros hemos cobrado siempre precios más bajos y sin engaños: cuando decimos que un aborto de ocho semanas cuesta 34.000 pesetas, está todo incluido. Y hemos mantenido una política de transparencia que luego ha sido utilizada en contra nuestra. Por ejemplo, en siete años hemos tenido siete casos de complicaciones mayores, y los hemos enviado al hospital Clínico. Luego estos informes del Clínico han sido utilizados en contra nuestra para el expediente que Sanidad nos abrió cuando un juez interpretó que habíamos hecho un aborto estando inhabilitados, cosa que no era cierta porque la inhabilitación se nos comunicó un mes más tarde".

Toda su actividad en España está plagada de peripecias legales y ahora puede acabar en la cárcel, pero no piensa regresar a su país. Ejerció la especialidad durante varios años en su país, pero cuando en 1985 Carlos Morin le propuso que fuera a su clínica de Barcelona los fines de semana para realizar abortos, le interesó la oferta porque su mujer estaba en un proceso terminal y le iba bien trabajar sólo dos días a la semana. Luego se fue implicando cada vez más, especialmente después de quedar viudo, y hace ocho años decidió crear, con Robles, su propia clínica.

Confiesa que hay situaciones en España que no acaba de comprender. Como incomprensible resulta también que puedan existir versiones distintas de hechos comprobables. Así ocurrió anteayer, cuando el abogado Enric Leyra afirmó que el Gobierno del PP había denegado el indulto a los dos médicos y más tarde la secretaria de Estado de Justicia afirmaba que la petición de indulto nunca había sido tratada en Consejo de Ministros y que se encontraba en trámite. El propio juez que ha firmado la orden de prisión aclaró ayer que el indulto fue efectivamente tratado en Consejo de Ministros el 18 de octubre y que la denegación se comunicó en noviembre.

Ayer, mientras el abogado presentaba un duro recurso contra la orden de prisión, se sucedían las reacciones en contra de que los dos médicos vayan a la cárcel, entre ellas la del secretario general adjunto de Unió Democrática de Catalunya, Jordi Petit. Iniciativa per Catalunya presentó una moción parlamentaria para que el Consell Executiu pida el indulto. Bosma, mientras tanto, se declaraba aterrado: "Hace unos años hubiera vuelto a mi país. Pero ahora tengo aquí una mujer y dos niñas".