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El PSOE recurre en el Constitucional el decreto-ley de la televisión digital

El Gobierno ha vulnerado derechos fundamentales protegidos por la Constitución al regular por real decreto-ley el uso de normas para la transmisión de señales de televisión o ley de la televisión digital. A lo largo de 80 folios, el Grupo Parlamentario Socialista tratará de demostrar que se han violado principios fundamentales de la Carta Magna por lo que esta mañana se presentará ante el Tribunal Constitucional un recurso contra ese real decreto-ley de 31 de enero de 1997, aparecido en el Boletín Oficial del Congreso el 13 de febrero pasado.En el recurso actúa como letrado el ex ministro de Justicia Tomás de la Quadra, y le acompañan en la presentación el portavoz del grupo parlamentario socialista, Joaquín Almunia, y el portavoz de Telecomunicaciones, Alfredo Pérez Rubalcaba.

En su argumentación, Tomás de la Quadra trata de demostrar que el decreto recurrido va en contra de la libertad de empresa y del derecho a dar y recibir información. Un extendido y documentado reproche se hace a la utilización de la vía del decreto. El artículo 86.1 de la Constitución permite al Gobierno la utilización del decreto-ley para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. En todo caso un decreto-ley jamás puede utilizarse para regular derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución.

Los autores del recurso están seguros de que el decreto-ley entra de lleno en asuntos que le son vedados. Para argumentar se toma la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 1994 sobre la televisión por cable, en la que se afirma que la regulación de una actividad como es la gestión indirecta de la televisión local por cable afecta al ejercicio de derechos fundamentales, como son los reconocidos en el artículo 20.1a y d de la Constitución.

Jurisprudencia

Esta sentencia les parece fundamental a los socialistas al deducir que "el derecho a la creación de medios de comunicación se encuentra directamente amparado por las libertades reconocidas en el artículo 20 de la Constitución y que la regulación de la actividad, en este caso de la televisión digital por satélite, afecta directamente, en consecuencia, al ejercicio de esos derechos fundamentales", ha señalado un dirigente socialista conocedor del recurso.

La prestación de servicios de la televisión digital por satélite no ofrece duda a los socialistas de que es considerado también, por el Gobierno como una materia de derechos y libertades. Así lo reconoce explícitamente el preámbulo del propio real decreto-ley, al relacionar el contenido del texto con el artículo 20.1d de la Constitución. "El propio redactor del decreto-ley era consciente de que estaba desarrollando un artículo que afecta a derechos fundamentales", ha señalado Alfredo Pérez Rubalcaba.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 30 de abril de 1997