El Consejo de Europa investiga la miseria de las chabolas de Cañada Real

Consejo de Europa (organismo internacional con sede en Estrasburgo, Francia, que tiene entre sus cometidos velar por el respeto a los derechos humanos) ha abierto una investigación sobre la situación en que vive el medio centenar de familias gitanas que el Ayuntamiento de Madrid confinó en mayo de 1994 en la Cañada Real, a escasos metros del mastodóntico basurero de Valdemingómez. Dos técnicos de este organismo han viajado ex profeso a Madrid para elaborar un informe sobre este poblado. "'Y se han ido escandalizados", aseguró ayer un portavoz de la asociación Presencia Gitana, organización que reclamó la presencia del organismo.La visita de los expertos del Consejo de Europa a Madrid (encabezados por Dominique Rosenberg, profesor de la Universidad francesa de Tours) se inició el pasado lunes y concluyó el miércoles. Además de velar por los derechos humanos, el Consejo de Europa, que agrupa a 39 países y en cuyo ámbito se mueve, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene como objetivos facilitar el progreso social y defender los principios de la democracia. Aunque dispone de una asamblea parlamentaria, sus decisiones e informes son de carácter moral y de denuncia, pero no ejecutivos.

Durante los tres días que han permanecido en Madrid, los miembros del Consejo han visitado el poblado chabolista y hablado con sus moradores. Su misión es elaborar "un informe exhaustivo" sobre las terribles condiciones de vida que sufren estas familias. Los expertos han mantenido entrevistas con el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Ignacio Echeverrría, con responsables municipales de las áreas de asistencia social y viviendas y con colectivos de etnia gitana radicados en Madrid. Los moradores de este poblado de casa prefabricadas, que además de su cercana ubicación al basurero llegaron incluso a compartir hábitat con una granja de cerdos próxima, fueron expulsados por el Ayuntamiento, en mayo de 1994, del Camino Viejo de los Toros, en San Blas. Se les prometió entones que la estancia en la Cañada Real sería provisional, pero llevan allí cerca de tres años y la solución, un emplazamiento aIternativo más digno, parece demorarse en el tiempo.

La situación en que viven esas 56 familias, la mayoría de etnia gitana, es deplorable, según ha advertido la Fiscalía de M4adrid. La presencia de la incineradora y de la granja -que llegó a cobijar 3.000 cerdos antes de ser clausura por ilegal en el verano de 1995- llevó hace un año a la fiscalía madrileña a abrir una investigación contra el Ayuntamiento por no haber dado solución a las paupérrimas condiciones de vida de esas familias, muchas cargadas e hijos.