Europa y la televisión pública

JOSÉ VIDAL-BENEYTOLa televisión en Europa como criatura pública. Esta naturaleza pública entendida como titularidad y ejercida como servicio público pierde su exclusividad, primero en la radio y a partir de los años 80 en la televisión, y tiene que compartir el espacio mediático con la empresa privada (en Alemania e Italia desde 1984, en Francia desde 1986, en España desde 1988, en el Reino Unido desde 1991, etcétera). La creciente importancia del mercado audiovisual y la avasalladora presencia en él de los grupos de comunicacion, unidas a la, función decisiva que la sociedad de la información comienza a tener en los años 90 cuestionan radicalmente los fines y modos de la televisión pública y representan para ella un desafío mayor. Que la Europa institucional no puede dejar sin respuesta.La IV Conferencia Ministerial del Consejo de Europa sobre Medios de Comunicación (Praga, diciembre de 1994) y las dos últimas reuniones informales de ministros europeos de Cultura y Audiovisual (Galway, septiembre de 1996 y Maastricht, abril de 1997) han reafirmado de forma unánime la necesidad de la televisión pública en los países miembros de la Unión Europea, han reivindicado la competencia de cada Estado para decidir su organización y objetivos, y han determinado sus principales misiones. Éstas son: ofrecer una información independiente, fiable y universal, es decir, que llegue a todos los ámbitos de la comunidad a la que sirve; velar por la calidad de sus contenidos; asegurar el pluralismo audiovisual, y mantener una importante producción de programas propios, como soporte esencial de identidad nacional y garantía de la diversidad cultural de Europa. La importancia de las misiones que le competen, en especial la defensa de la identidad colectiva, exige que las televisiones públicas sean organizaciones potentes, capaces de alcanzar muy vastas audiencias, y por ende no pueden limitar su contenido a una programación de élite. Al contrario, toda televisión pública tiene, según los ministros, que asumir los tres grandes cometidos de la televisión: informar, instruir, divertir.

Hasta aquí el paradigma y la unanimidad. A partir de aquí la realidad y las diferencias. Comenzando por la proclamación de independencia informativa de las televisiones públicas, -siempre precaria y problemática, cuando no inexistente-, cuyos. dos polos más o menos, se sitúan en la BBC y en TVE; siguiendo por la exigencia de calidad en los programas, a la que la telebasura pública, en la que España se lleva también la palma, convierte en puro escarnio; sin olvidar la inmensa confusión sobre qué deba entenderse por servicio público, y acabando con el insoluble problema de la financiación. ¿Deben los recursos financieros del audiovisual público ser solamente de origen público -canon o ayudas-, o pueden también provenir de fuentes privadas y, muy en primer lugar, de la publicidad? Los ministros europeos, con excepción del Reino Unido, Finlandia y Suecia sostienen que en tiempos de rigor financiero y de notables necesidades inversoras, derivadas, sobre todo, de la innovación tecnológica, el sistema de financiación tiene que ser mixto: público y privado.

¿Y qué dice la Unión Europea? Remite a los países al principio de subsidiariedad -cada Estado miembro hace de su capa un sayo-, siempre que no afecte al principio rector de la construcción europea: la competencia. A ese respecto ¿cabe considerar que las ayudas públicas a la radiotelevisión, en el sentido del artículo 92 (3)(d) y 128.4, son compatibles con la regulación comunitaria de la competencia tal como se establece en los artículos 85 y siguientes? La situación dista mucho de ser diáfana y por ello los ministros consideraron la posibilidad de, con ocasión de la conferencia intergubernamental, modificar estos artículos del tratado para suprimir las ambigüedades o, en su defecto, incluir un protocolo o cuanto menos una declaración. Pero la unanimidad que sigue presidiendo las decisiones culturales y audiovisuales, dejó el tema en agua de borrajas. O mejor, en manos de los jueces. Pues, como en tantos otros temas, en la Unión Europea y en los Estados miembros, el déficit político acaba supliéndolo la práctica judicial. El tema de la financiación de las televisiones públicas y sus relaciones conflictivas con la televisión privada, seguirá siendo, no ya dirimido, sino regulado por vía jurisprudencial, venga ésta a través del Tribunal de Estrasburgo o de las decisiones del Tribunal de Justicia en Luxemburgo. Son las carencias de los políticos las que constituyen a los jueces en protagonistas.