Derecha y educación

La derecha española ha tenido corno una de sus obsesiones históricas el control de la educación. Una educación entendida como adoctrinamiento, una escuela que, lejos de transformar la realidad social, se convierte en elemento de transmisión de un conjunto de valores que conforman lo correcto, una escuela fuertemente conservadora, con un acusado carácter confesional, autoritaria, sexista, profundamente intolerante, en la que preponderaba lo caritativo frente a lo solidario, anacrónica, acientífica... Se conseguía así, desde la cuna, mantener el orden natural de las cosas. La educación se cimentaba en la desigualdad. Obviamente, todo ello tuvo consecuencias para el desarrollo de nuestro país, aislado de las grandes corrientes científicas, tecnológicas, industriales, y con porcentajes de analfabetismo de los más elevados de Europa hasta la década de los setenta. El enorme esfuerzo en educación del bienio republicano (1931-1933) se vino abajo a lo largo de la dictadura franquista, y no se empieza a modificar la situación hasta la Ley General de Educación de 1970. En 1978, la Constitución española consagra un modelo de escuela fruto del consenso y de la cesión por parte de todos. Es, sin embargo, la LODE la que pone las bases del actual sistema educativo, fundamentado en la existencia de tres tipos de centros: públicos, privados concertados y privados. Los dos primeros, sostenidos con fondos públicos, configuran la inmensa mayoría, y dentro de ellos se consagra un equilibrio, de forma que la escuela pública escolariza aproximadamente a un 70% de los alumnos y la privada concertada a un 30%.La modernización del sistema educativo continúa con la Ley de Reforma Universitaria, y en 1990 se promulga la LOGSE, que sienta las bases de la reforma. Todas estas leyes concitaron el apoyo de la totalidad de los grupos parlamentarios, salvo el PP, que votó en contra.

Llegados al poder, reviven la obsesión de la derecha por el control de la educación. Más allá de las luchas internas entre las diferentes familias -neoliberales, opusdeístas, demócratas o cristianos-, se produce una coincidencia en el intento de ruptura del status quo constitucional, del modelo de escuela. Se entiende la educación como mercancía, y, como escasea la clientela, al disminuir el número de alumnos por la acusada caída demográfica, hay que intervenir, de forma que las patronales de la enseñanza privada, en especial las grandes órdenes religiosas, no se vean afectadas. Falta la mayoría que permita modificar la legislación (LODE y LOGSE), pero se dispone de los instrumentos normativos para hacerlas inviables.

Es por ello por lo que, más allá de los globos sonda iniciales, el Ministerio de Educación decide que la escuela pública debe jugar un papel suplementario, marginal, con respecto a la enseñanza privada; para ello se disminuye el número de profesores en centros públicos, se incrementan las ratios, se modifican los criterios de admisión de alumnos, favoreciendo la libre selección de éstos por los centros; se pretende rebajar las exigencias de calidad de estos centros, de especialización de los profesores, y todo ello con la disculpa del necesario control del gasto público, de favorecer la competitividad entre los colegios, incluso de posibilitar la libertad de elección por las familias.

Desde soflamas neomercantilistas, lejos de aceptar la necesidad de un gran acuerdo, de un pacto por la educación que venimos proponiendo y que alejase a la educación de los vaivenes políticos y presupuestarios, a través de un consenso que estabilizase nuestro sistema educativo, se ha optado por la confrontación, por el deterioro de un sistema que ha dado un paso adelante importantísimo desde 1982 hasta hoy. El ahorro financiero, el intento de transferir la educación al menor coste posible prima sobre cualquier desarrollo normativo favorecedor de una mejor calidad. Además, esta calidad de la escuela pública continuamente es puesta en duda por los propios responsables encargados de fomentarla.

Se ha decidido convertir la educación en un campo de batalla, se ha avanzado y llegado a acuerdos en pensiones, se buscan en sanidad, mientras que la educación entendida como un servicio público es constantemente agredida, marginando a la escuela pública, se detraen alumnos hacia los centros privados, se abarata el coste presupuestario, se potencia el gasto privado, y se va poco a poco volviendo a una escuela fundamentada en la desigualdad, la educación de un niño español guardará una relación directa con las posibilidades económicas de sus padres, desde el nacimiento se volverán a establecer las diferencias.

Todo ello explica la profunda crispación que está viviendo la comunidad educativa, las concentraciones, manifestaciones, protestas, de padres, alumnos y profesores. Justifica, asimismo, las convocatorias de movilizaciones, paros y marchas anunciadas por los sectores progresistas. La derecha, obsesionada por el mercado y la rentabilidad inmediata, no quiere entender algo que para la UGT es evidente: la educación, la formación inicial es siempre una inversión de futuro, no un gasto.

Nuestro sindicato no acepta la ruptura del modelo de escuela que nos hemos dado, no va a claudicar en la exigencia de que la educación se constituya como un pilar básico del desarrollo y del futuro de nuestro país, va a luchar conjuntamente con la comunidad educativa que rechace la vuelta atrás hacia el conservadurismo social, hacia el anacronismo educativo, por una educación en igualdad, que se fundamente en una financiación adecuada, en una calidad e igualdad de oportunidades educativas para todos y en un sistema educativo solidario y homologable estatalmente.