La policía israelí pide que se procese a Benjamin Netanyahu por un caso de corrupción política

La policía israelí confirmó anoche haber recomendado la apertura de un procedimiento judicial contra el primer ministro, Benjamín Netanyahu, en el marco de la investigación de un escándalo político por corrupción. La noticia, adelantada por la televisión pública israelí, abre la vía a una crisis política que puede acabar con el Gobierno derechista. El abogado de Netanyahu aseguró al Canal 1 de televisión que intentará mostrar a los fiscales que la recomendación policial "carece de base". Pero incluso si no prospera, los analistas temen una convocatoria anticipada de elecciones.

El ministro de Seguridad interior, Avigdor Kahalani, responsable de la policía, confirmó a la radio pública que el jefe de la investigación policial, Sandro Mazor, firmó el pasado martes una petición enviada a la fiscal del Estado, Edna Arbel, para que acuse formalmente al jefe del Gobierno de fraude y abuso de confianza en el nombramiento del fiscal general. El escándalo saltó a la luz tras el controvertido nombramiento, en enero pasado, de un abogado, Roni Bar-On, como fiscal general y consejero jurídico del Gobierno, a cambio presuntamente de un favor político en la votación del acuerdo con los palestinos. Bar-On dimitió horas después de su nombramiento a causa de la oleada de críticas que desató.

Kalialani confirmó también que sus servicios recomiendan la apertura de diligencias judiciales contra el ministro de Justicia, Tzahi Hanegbi, el director general de la presidencia del Consejo, Avigdor Lieberman, y un influyente parlamentario de la coalición en el poder, Ariel Deri. Este último, jefe del ultra ortodoxo Shas, es sospechoso de "intento de chantaje" al haber sobornado presuntamente al Gobierno para nombrar a Bar-On, quien podría librarle de acusaciones de corrupción en otro caso que tiene pendiente. Hanegbi y Lieberman son sospechosos de "abuso de confianza" por haber inducido al Consejo de Ministros a error sobre las cualidades de Bar-On.

El portavoz del primer ministro, Shaoz Bazak, afirmó tras difundirse la información que, por lo que él sabe, "no es cierto [el contenido de la acusación], pero que (...) quien debe tomar la decisión" es la fiscal del Estado. Arbel debe tomar esta decisión en los próximos días, y ha prometido hacerlo antes del próximo lunes, fecha del comienzo de la Pascua judía.

Netanyahu se reunió de inmediato en su despacho con sus colaboradores más cercanos y con su abogado personal, Yaakov Weinroth, según informaron fuentes políticas. "Si lo que se me ha dicho es correcto -y me imagino que lo que me ha dicho la fiscalía lo es-, la recomendación dice que incluso si es aceptada, está sujeta al interrogatorio exhaustivo del primer ministro", manifestó Weinroth.

La oposición parlamentaria exige a Netanyahu abandonar sus funciones hasta que la fiscal del Estado decide si le encausa, y pide una inmediata convocatoria electoral. Simón Peres, jefe de la oposición y máximo dirigente del Partido Laborista, que estaba interesado en constituir un Gobierno de unidad nacional con Netanyahu, ha desechado esa posibilidad para salvar la crisis de las negociaciones de paz con los palestinos. Allegados del jefe del Gobierno aseguraron sin embargo que a pesar de la que se considera la más grave crisis interna de su coalición, no tiene intenciones de dimitir, pero podrían hacerlo otros miembros de su Gabinete, tal como se comprometieron hace tres meses cuando estalló el escándalo.

Sea como sea, la implicación del primer ministro amplía de forma inesperada el escándalo político que sacude a Israel por el caso Bar-On. Incluso si la justicia rechazara las recomendaciones policiales y considerara que. no procede su inculpación, medios políticos y periodísticos subrayan que el mal está hecho Y' que el escándalo podría provocar una remodelación ministerial, si no la caída del Gobierno de Netanyahu y una convocatoria anticipada de elecciones. Así lo reconoció de forma implícita el ministro de Salud, Yehoshua Matza, quien al ser preguntado al respecto, respondió: "Tal vez tenga que volver a convocar elecciones". Además, la oposición exigirá conocer a fondo el contenido de la investigación hecha por la policía y puede recurrir al Tribunal Supremo de Justicia.