Sigue el lío

TAN SÓLO uno de los cuatro fiscales de la Audiencia Nacional expedientados será sancionado con traslado forzoso: María Dolores Márquez del Prado. Los tres restantes podrán continuar en sus puestos tras cumplir sanciones mínimas: un mes de suspensión de empleo y sueldo para Gordillo y multas de 50.000 pesetas para Fungairiño y Rubira. Ésa ha sido la decisión del fiscal general, Juan Ortiz Úrculo, en contra del parecer del Consejo Fiscal, que, de acuerdo con el informe del instructor, propuso por unanimidad el traslado también forzoso de Gordillo. El fiscal general, que tan duro se mostró al destituir al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, ha optado por una salida de emergencia ante una situación ciertamente complicada, y que ahora puede complicarse aún más ante el desacuerdo con el Consejo Fiscal, que niega a Ortíz Úrculo capacidad para modificar su dictamen.Entre quienes habían calificado las presuntas irregularidades de esos fiscales de "auténticas nimiedades" y el informe de la Inspección, que había apreciado "faltas muy graves de indignidad en la función fiscal", Úrculo se ha quedado más cerca de los primeros. El tono conminatorio empleado por un diario madrileño especialista de la intimidación ha terminado por eclipsar la denuncia del destituido jefe Aranda, que definió a los cuatro expedientados como un grupo de presión que actuaba por intereses personales y en abierta contradicción con el principio constitucional de dependencia jerárquica.

Tal vez Aranda se dejaba llevar por su subjetividad y la cosa no era tan grave; tal vez también la Inspección exageró la nota. Pero resulta sorprendente la distinta vara de medir aplicada a los fiscales expedientados y a su jefe, trasladado precisamente por no haber actuado con suficiente autoridad frente a la presunta indisciplina de esos fiscales. El informe presentado por el jefe de inspección de la Fiscalía hablaba literalmente de "situación de insubordinación", y aunque constataba que "en ocasiones" pudo haber un problema "de autoridad", consideraba que ello era consecuencia de que Aranda tenía a una parte de la plantilla "enfrentada abiertamente a su persona".

Ortiz Úrculo se precipitó al decidir el traslado forzoso de Aranda, y su falta de tino se hizo clamorosa cuando se vio abocado a plantear la sucesión entre dos candidatos imposibles: un antiguo fiscal del TOP franquista, Poyatos, que acabó renunciando, y uno de los fiscales expedientados. Éste, Eduardo Fungairiño, ha venido actuando desde la destitución de Aranda como fiscal jefe en funciones. Está considerado un buen profesional, con grandes conocimientos en relación a los sumarios por terrorismo. Pero como teniente fiscal era también el que tenía mayor rango entre los insubordinados, lo que no le impedirá quizá ser finalmente el sucesor de Aranda. Un ejemplo final de los desconcertantes efectos del empeño del fiscal general en resolver un motín arrojando por la borda al capitán del barco y abriendo expediente a los amotinados. Ahora resulta que ni siquiera hubo motín.