Nueva pelea de los Quince sobre el Pacto de Estabilidad del euro
EI diablo asoma el rabo en los detalles. La cumbre de la Unión Europea (UE) aprobó en el mes de diciembre las líneas maestras del Pacto de Estabilidad, que mantendrá la rígida política de coñvergencia una vez lanzada la unión monetaria en 1999. Pero a la hora de plasmar el acuerdo en reglamentos, resurgen las peleas. La principal estriba si las sanciones a quienes exhiban déficit excesivo serán o no acumulables. El Ecofin (Consejo de Economía y Finanzas) debe zanjar esa polémica.
El Pacto de Estabilidad acordado con fórceps en Dublín prevé sancionar a los ultradeficitarios (que superen el techo del 3% pactado en Maastricht) con unos depósitos, transformables a los dos años en multas, si no han corregido el desbalance. Las sanciones tendrían dos componentes: uno fijo, del 0,2% del producto interior bruto (PIB); otro, variable, de una décima por cada punto de desbordamiento del déficit por encima del techo del 3%. Sobre eso, el acuerdo permanece inalterable. Pero-las divergencias han surgido en tres importantes flecos: Acumulación de sanciones
La discrepancia más capital radica en la posible acumulación de multas en años sucesivos. El acuerdo alcanzado en Dublín fijó un techo máximo de sanciones del 0,5% del PIB para los incumplidores (cerca de 400.000 millones de pesetas en el hipotético caso de que España lo fuera). La interpretación más extendida era que ese techo regía para el ejercicio en que se constataba un exceso de déficit y también para los siguientes. Pero ahora la mayoría propone que "cada año subsiguiente" al primera de déficit excesivo, si el Estado afectado no lo ha corregido, sufrirá, un agravamiento de las sanciones: el Ecofin podría incluso exigir "un nuevo depósito de cuantía discrecional".
España y Grecia se oponen a ese endurecimiento. E Italia y Grecia sugieren además ablandar el castigo, mediante la reducción del depósito a medida que el Estado afectado vaya corrigiendo su exceso de déficit, y no sólo al final de la corrección. Austria, España, Grecia, Italia y Suecia postulan dejar bien claro que el importe otal "de los depósitos vigentes", es decir, tanto al correspondiente a un ejercicio como a los siguientes, nunca superará en conjunto el techo del 0,5% del PIB. Pretenden así evitar la acumulación de castigos.
Por contra, Alemania y Holanda -apoyados por Francia, Bélgica, Finlandia, Irlanda y Luxemburgo- postulan que las sanciones puedan acumularse de año a año. O sea, que el tope del 0,5% sólo rija para un ejercicio, pero pueda desbordarse en los sucesivos, si prosigue el déficit excesivo. Son, pues, partidarios de acumular sanciones.
Nivel de discrecionalidad. La mayoría del Comité Monetario consensuó el pasado, 20 de marzo que el Ecofin. debe disponer de un cierto grado de discrecionalidad política a la hora de decidir si impone sanciones a los países ultradeficitarios: las fijará "como norma general", aunque guardará la capacidad de no hacerlo, si lo cree conveniente. Pero Alemania pretende, esta vez en solitario, recuperar su vieja pretensión de que el castigo sea automático para lo que mantiene una reserva: a la expresión "como norma general". Se espera que el ministro de Hacienda alemán el halcón Theo Waigel de hoy esta batalla, quizá para ceder en, último término, a cambio de asegurarse la acumulación de las sanciones. Destino de las multas. Los Quince están también divididos sobre el destino definitivo del importe de las sanciones: los intereses de los depósitos y las cuantías de las multas. Para todos, estas cantidades se deberán abonar a, la Comisión Europea. Pero, mientras unos defienden que ésta los ingrese directamente en el presupuesto comunitario -y por tanto beneficien al conjunto de los Quince-, otros sostienen qué deben repartirse sólo entre los Estados miembros incorporados a la moneda única o países in, "de forma proporcional a la parte alícuota" que les corresponda.
Gasto en protección social
El índice de gasto en protección social de la Unión Europea descendió ligeramente durante 1994, según publicó ayer la Oficina de Estadísticas de las Comunidades Europeas (Eurostat), pues supuso el 28,6% del producto interior bruto (PIB), frente al 28,8% del año, anterior.España aparece en esas estadísticas como el país que mayor parte de las prestaciones sociales orientó hacia la lucha contra el desempleo y a cubrir los gastos del paro durante 1994.
El informe revela que las prestaciones dedicadas a las personas mayores continúa siendo las que mayor gasto representa del PIB (44,2% del gasto total) y que la parte. de las prestaciones referidas al desempleo y a la lucha contra el paro no ha cesado de aumentar durante 1994.
De esta manera, en todos los estados, las personas de mayor edad son los principales beneficiarios de las prestaciones sociales.
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