Los socialistas acusan al Gobierno de ceder parcelas a los jueces

La Ejecutiva del PSOE acusó ayer al Gobierno de "abdicar en su responsabilidad de mantener la seguridad del Estado" al otorgar a los jueces la última palabra sobre la decisión acerca del secreto oficial. Esta cuestión suscitó un amplio debate en el seno de la dirección socialista, con una importante participación de Felipe González, quien expresó su preocupación sobre la cesión de parcelas del poder político al poder judicial que apunta el proyecto de Ley de Secretos Oficiales.La dirección socialista esperará a conocer el contenido de la sentencia del Supremo, con los argumentos que decidieron la desclasificación de la mayoría de los papeles del Cesid, para pronunciarse. Durante le reunión de ayer se adelantó que en ese momento habrá una "declaración solemne sobre una cuestión muy seria".

La reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE sirvió para constatar la unanimidad de los dirigentes socialistas acerca de su temor a que España marche hacia un "gobierno de jueces", una vez conocido el contenido del proyecto de Ley de Secretos Oficiales, que otorga a la Sala Tercera del Tribunal Supremo la decisión última sobre qué documentos oficiales son secretos y cuáles no.

A juicio de la dirección socialista, lo que menos importa es el caso concreto de la desclasificación de la mayoría de los llamados papeles del Cesid -13 de los 16 documentos-, referentes a la guerra sucia en el País Vasco y que implican a miembros de la Guardia Civil con los GAL. Lo preocupante es, según el PSOE, el poder que se otorga a los jueces en competencias que son propias de un Gobierno.

El secretario de Organización del PSOE, Cipriá Ciscar, dijo al finalizar la reunión que la explicación de la decisión del Gobierno radica en que "su única máxima es favorecer a sus apoyos, ya sean mediáticos o económicos, sin que le importen en absoluto sus consecuencias".

Ciscar bromeó con la resurrección del lema "España es diferente" al abrigo del Gobierno del PP, al comentar un documento publicado en algunos medios de comunicación, según el cual este país es el único de la Unión Europea en el que el Gobierno deja en manos de los jueces la capacidad de determinar qué documentos pueden ser secretos.