La UFP denuncia tratos de favor en el caso de la mafia policial de Zaragoza

La Union Federal de Policía (UFP) ha denunciado el trato de favor que la Dirección General del cuerpo dispensa al ex jefe superior de Zaragoza, Francisco Lázaro, en relación con los 10 policías imputados en el sumario que se instruye en la ciudad sobre una presunta mafia policial.Lázaro dimitió el 17 de febrero del puesto que ocupaba como comisario jefe en Ciudad Real para dedicarse por entero a su defensa. La decisión la adoptó, según un comunicado remitido por la Dirección General, al conocer que algunos comisarios de policía le acusaban de varios delitos, entre ellos de frenar investigaciones sobre actividades de empresarios y políticos y de malversación de fondos a través de la cooperativa Sarakosta, que él fundó para favorecer la compra de automóviles a policías de toda España. La UFP va a solicitar una investigación interna para comprobar si existen incompatibilidades entre el cargo de jefe superior y el de responsable de una cooperativa.

Para el sindicato, que se ha querellado contra Lázaro, una vez conocidas las acusaciones de los comisarios, el ex jefe superior goza de un claro trato de favor. Alfredo Crespo, secretario general, asegura: "Es cierto que en el sumario sobre la presunta mafia policial los policías que aparecen ya están imputados y Lázaro, de momento, sólo está citado, pero no deja de ser chocante que mientras a los 10 compañeros se les suspendía de empleo y sueldo y traslado de puesto al ex jefe superior se le destine a su lugar de origen, que es Zaragoza, sin ocupar ninguna actividad, se le va a pagar el sueldo en su totalidad y va a tener todo el tiempo del mundo para preparar su defensa".

Fuentes de Interior mostraron ayer su extrañeza de que la UFP se manifieste de esta manera, ya que Lázaro todavía no ha cobrado ningún mes desde que dimitió, y aseguran que percibirá el sueldo correspondiente a su categoría de comisario, pero sin los pluses de comisario provincial.

Distinta suerte

En los 19 meses que lleva instruyéndose el sumario sobre la presunta mafia policial, los 10 policías que aparecen imputados, por presuntos delitos de prevaricación y cohecho, han seguido distinta suerte. Cinco de ellos han podido reincorporarse a sus puestos de trabajo, tras ganar el respectivo recurso, mientras otros cinco siguen suspendidos de empleo y sueldo. Fuentes jurídicas consultadas creen que cuando se celebre el juicio sobre este dilatado sumario, muchas de las acusaciones no serán tan graves, porque se basan en el resbaladizo terreno en que se mueve la actuación de un policía.Cerca de 100 millones de pesetas se han gastado en una instrucción de la que el juez ha desgajado dos piezas, una remitida al Supremo sobre las presuntas actividades delictivas del senador Carlos Piquer, suspendido cautelarmente de militancia por el PSOE, y otra en la que trabaja el juzgado número 8 de Zaragoza donde se vierten las acusaciones contra Lázaro.