Moncloa retocó a última hora la Ley de Secretos en base a un criterio jurídico que existe

El entorno de José María Aznar en la Presidencia del Gobierno retocó a última hora el contenido de su anteproyecto de Ley de Secretos de Estado utilizando, fundamental y oficialmente, un dictamen sobre esa norma elaborado por el Consejo General del Poder judicial en noviembre pasado. Sin embargo, en dicho informe jurídico no se especifica nada sobre la modificación más sustancial: el control judicial de los secretos oficiales. El Gobierno pretendía en principio limitar dicho control a una comisión compuesta por, tres magistrados del Tribunal Supremo. Ese criterio ha sido cambiado en favor de que sea toda la sala contencioso-administrativa de ese tribunal: 33 jueces que ya operan ahora en condiciones de colapso.

El anteproyecto de Ley de Secretos de Estado que anticipó este periódico el lunes establecía un órgano integrado por tres magistrados -el presidente del Tribunal Supremo y otros dos designados por su sala de gobierno para resolver los recursos contra posibles acuerdos gubernamentales de no desclasificar documentos oficiales declarados secretos y reclamados por jueces penales. Ese proyecto había sido elaborado desde la vicepresidencia primera del Ejecutivo, que controla Francisco Alvarez Cascos, en coordinación con los trabajos de los Ministerios de Defensa y de Justicia", según fuentes de La Moncloa.La publicación de esa noticia en EL PAIS desagradó sobremanera en Moncloa. El mismo lunes, fuentes del Gobierno se encargaron de matizar que la información se basaba en un borrador no definitivo, y que ese número de tres jueces que ejercerían el control de los documentos secretos podría variar.

Los diarios Abc y El Mundo publicaron ayer, como novedad de última hora, que el órgano encargado de resolver los recursos contra la decisión gubernamental de no desclasificar será finalmente el pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (33 magistrados). El Mundo revelaba incluso que el proyecto había sido "ultimado ayer" (por el lunes).

La innovación sorprendió en medios jurídicos y también gubernamentales. Fuentes de Justicia desvincularon a este departamento de la novedad introducida, que atribuyeron directamente a "una decisión de Moncloa, de Presidencia". Algo similar expresaron también fuentes del Ministerio de Defensa. Su máximo responsable, el ministro de Defensa Eduardo Serra, ni siquiera se encuentra en España, ya que realiza una visita oficial a Estados Unidos.

En Moncloa, sin embargo, se especificó claramente que el proyecto final era obra "de todo el Gobierno", y se indicó que el primer borrador había quedado "anticuado y desfasado en base a los trabajos coordinados desde Presidencia con Defensa y Justicia". También se remarcó que en este asunto no se ha producido ningún tipo de discrepancia entre los miembros del Ejecutivo y especialmente con el titular de Defensa, Eduardo Serra.

En este sentido, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José María Michavila, negó esas posibles discrepancias y simplemente admitió "pequeños matices o diferencias".

Fuentes oficiales de la Presidencia del Gobierno recalcaron que los cambios introducidos al proyecto tenían como origen, "básicamente, el dictamen del Consejo General del Poder Judicial", (CGPJ) sobre el texto inicial que le remitió el Ejecutivo sobre este proyecto el 23 de agosto pasado.

El CGPJ no concretó

Sin embargo, tal informe, aprobado por el pleno del CGPJ el 6 de noviembre de 1996, no hace ninguna referencia a que sea el pleno de la Sala Tercera del Supremo el competente para resolver los recursos. Se limita a indicar que "el anteproyecto habrá de arbitrar un cauce procesal específico ante el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes".Es más, el informe renuncia explícitamente a concretar cuando dice: "Estas modalidades y cauces procesales. pueden ciertamente ser configurados por el legislador de forma diversa, sin que corresponda a este Consejo, en el ejercicio de su potestad de informe, pronunciarse anticipadamente sobre tales extremos".

La gran mayoría de los juristas consultados por este periódico considera que la iniciativa de reservar esa potestad de resolver los recursos sena más operativa con tres magistrados que con toda la Sala Tercera del Supremo. Magistrados, constitucionalistas y otros juristas creen que la introducción en el anteproyecto de ley de Secretos de Estado de un órgano como el pleno de la Sala Tercera -33-jueces- para decidir en esos casos no es aconsejable, dado el atasco que sufre la jurisdicción contencioso-administrativa. Un colapso que acumulaba, a principios de año, 250.000 asuntos pendientes.

Fuentes del Gobierno en Moncloa no valoraron ayer la posibilidad de saturar dicha sala con nuevos asuntos. Sí valoraron en cambio, oficiosamente, que los 33 magistrados del pleno serían mucho menos presionables, por la opinión pública y los poderes, y más independientes que sólo tres jueces.