El PSOE impugna ante el Constitucional la creación de la Universidad de Elche

El Tribunal Constitucional deberá juzgar si la reciente creación de la Universidad de Elche, a costa de la de Alicante -a la que la Generalitat Valenciana ha desposeído de Medicina y Estadística- es legal o vulnera la autonomía universitaria, e invade las competencias básicas del Estado. La Comisión Permanente de la Ejecutiva federal del PSOE decidió ayer, bajo la presidencia de Felipe González, impugnar la segregación de parte de la Universidad de Alicante. El recurso, que ya cuenta con la preceptiva firma de 50 diputados, será entregado hoy en el Constitucional.

La iniciativa del PSOE. se adoptó, justamente, cuando en Pamplona se celebraba el pleno del Consejo de Universidades, en el que la ministra de Educación, Esperanza Aguirre, pudo escuchar las críticas de los rectores a la Administración por su actuación en este conflicto, que ha enturbiado gravemente la relación entre el poder político y las universidades.Fuentes socialistas aseguraron ayer que el recurso da respuesta a las demandas de numerosos rectores, partidarios de atajar por una vía jurídica terminante la iniciativa del Ejecutivo autonómico de Eduardo Zaplana (PP), que consideran un atentado contra la autonomía universitaria y un grave precedente para la ordenación de la enseñanza superior en España.

Si se aplicara el modelo de Elche, las facultades podrían bailar de una universidad a otra, según el criterio, las urgencias electorales o el capricho de los gobernantes autonómicos, a quienes corresponde la creación de nuevas, universidades. Los rectores empiezan a estar alarmados por la proliferación de universidades, pero no cuestionan la competencia autonómica; exigen que las ya existentes no sean "expoliadas".

En diciembre pasado, las Cortes valencianas respaldaron el proyecto de la Generalitat de crear en Elche la quinta universidad valenciana, con los votos del PP y Unión Valenciana, el rechazo de Esquerra Valenciana y la abstención de los socialistas. Culminaba así una larga polémica que convirtió al rector de Alicante, Andrés Pedreño, en símbolo de la autonomía de las universidades.

Pero lo que más deterioró las relaciones entre las universidades y la Administración fue que el Consejo emitiera un informe favorable sobre el proyecto de la Generalitat. Legalmente, el dictamen lo elabora la Comisión de Coordinación y Planificación, de la que forman parte los 17 representantes autonómicos, sin tener en cuenta el criterio de los rectores, integrados en la Comisión Académica.

Como el rechazo de éstos fue tomado a beneficio de inventario, solicitaron a la ministra que se debatiera el asunto en un pleno del Consejo de Universidades. Tras varias negativas de Esperanza Aguirre, lo consiguieron en el pleno de ayer.

El presidente de la Conferencia de Rectores, Carles Solà, leyó un escrito en el que criticó la actuación de los Gobiernos valenciano y central. En el documento, suscrito por la mayoría de los rectores y por los representantes autonómicos socialistas, se afirma que la segregación de Medicina y Estadística "vulnera el derecho fundamental a la autonomía de la Universidad de Alicante".

Solà recordó que los 51 votos contra uno de la Comisión Académica no habían sido tenidos en cuenta, lo que "no favorece el espíritu de colaboración que requiere un ente coordinador como es el Consejo de Universidades".

Planes de estudio

Como forma de salir del atolladero, al que conducen las normas de funcionamiento del Consejo de Universidades, con unos rectores cuyas opiniones no cuentan, y unos representantes autonómicos que deciden por todos, Carles Solà insistió en la necesidad de que se reforme el reglamento del Consejo para que el pleno pueda pronunciarse en aquellos casos en que haya discrepancias.Aguirre anunció que el Consejo de Ministros aprobará el 4 de abril el real decreto por el que se modifican los planes de estudio universitarios, unánimemente criticados por la sobrecarga de trabajo que suponen para los estudiantes, en particular en las carreras de cuatro años.

Siguiendo la propuesta formulada en diciembre por el Consejo de Universidades, los nuevos planes tendrán menos asignaturas, se eliminarán o reagruparán las materias de menos de 4,5 créditos cuatrimestrales (o 9 anuales) y se podrán destinar 3 de cada 10 horas del crédito a trabajos complementarios, no necesariamente a enseñanza presencial.