Aznar Ileva a los tribunales a Alcorcón por subir el sueldo a sus funcionarios
El Gobierno ha cumplido sus amenazas. En el Tribunal Superior de Justicia de la capital ya consta un recurso, por vía contencioso-administrativa, contra el Ayuntamiento de Alcorcón (142.000 habitantes y gobierno de PSOE) por haber subido este año el sueldo a sus 900 funcionarios en un 2,85%. El último Consejo de Ministros aprobó presentar recursos contra la subida de los funcionarios de tres comunidades autónomas y 17 ayuntamientos de toda España.La Delegación del Gobierno en Madrid, que ha tramitado esta denuncia, no se conforma con esperar la resolución del caso, sino que solicitará la anulación cautelar del acuerdo alcorconero.
La batalla está servida. El delegado del Gobierno, Pedro Núñez Morgades, envió el pasado 20 de enero una circular a todos los alcaldes madrileños recordándoles "la obligación de adaptar los acuerdos de su Ayuntamiento a la Ley de Presupuestos". Aquellos que buscaron una u otra triquiñuela para eludir la congelación recibieron un requerimiento para que depusieran su actitud en un plazo de 20 a 30 días. Alcorcón ha hecho oídos sordos a estos llamamientos.
Núñez Morgades recalcó que la medida "no debe ser interpretada en clave de colores políticos". "Simplemente", alegó, "tenemos la obligación legal de que se cumpla la Ley de Presupuestos que ha aprobado el Parlamento de la nación".
El Gobierno tiene preparados recursos contra otros tres grandes ayuntamientos que se saltaron la congelación
Alcorcón es el primero, pero bien puede no ser el último. Desde la Delegación del Gobierno se confirmó que otros tres importantes ayuntamientos madrileños ya están agotando el plazo que se les otorgó para que revoquen el incremento salarial de sus trabajadores. Si no rectifican, el próximo lunes se encontrarán con sendas impugnaciones por la vía contencioso-administrativa.La Delegación no quiso confirmar ayer de qué tres ciudades se trata, pero parece seguro que entre ellas se encuentra Alcalá de Henares (163.300 habitantes), una localidad gobernada por el PP.
Para burlar la congelación, Alcalá ensayó el que se ha dado en llamar truco del calendario. Su alcalde, Bartolomé González, accedió a incrementar los salarios en el IPC y el complemento de antigüedad en un 25%, con la peculiariedad de que tal -medida se aprobó el último día del año pasado. De esta forma, y en sentido estricto, las retribuciones aparecen invariables durante todo el año 1997, tal y como exige el Ministerio de Economía.
El regidor de Alcorcón, Jesús Salvador Bedmar, fue mucho más descarado: no sólo subió a los empleados públicos el IPC más 0,25 puntos, sin inmutarse ante las directrices del Ejecutivo central, sino que respondió a la circular de Núñez Morgades del 20 de enero con una carta de candidez no exenta de ironía. "Nos encontramos en un acuerdo entre partes que el Ayuntamiento no puede anular, si no es de conformidad con los sindicatos firmantes. En consecuencia, les doy traslado de su circular para que nos informen de su posición al respecto", escribió Salvador Bedmar al delegado del Gobierno. Las centrales sindicales recibieron con alborozo este desplante.
En Delegación del Gobierno reconocen que la congelación a los empleados públicos les está reportando mucho trabajo. "No quiero concretar con qué ardides nos asaltan. Prefiero hacer trabajar la imaginación de los ayuntamientos; me consta que lo están haciendo, y mucho", confesó un alto funcionario del organismo.
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