Iruin denuncia un pacto de silencio con Perote
Iñigo Iruin, abogado de familiares de las víctimas del GAL, denunció ayer la existencia de un pacto entre el ex jefe del Cesid Juan Alberto Perote y la nueva dirección de esos servicios secretos dirigido a restar valor penal y probatorio a los documentos recientemente desclasificados por el Tribunal Supremo. Según el letrado, ese pacto, supuestamente alcanzado después de que Perote reingresara en prisión, consiste en dar por inexistentes una serie de cintas comprometedoras para determinados mandos de la Guardia Civil e implica su compromiso de minusvalorar ante los jueces la importancia, de los escritos redactados por él mismo, como jefe de la AOME (Agrupación Operativa de Misiones Especiales).Respaldado por familiares de algunas víctimas de los GAL, el abogado donostiarra auguró la convergencia, a partir de ahora, de los intereses procesales de Perote con los del anterior director del Cesid Emilio Alonso Manclano y del resto de procesados.
El compromiso de dar por inexistentes las cintas de tres conversaciones que el agente del Cesid Pedro Gomez Nieto mantuvo con su superior Perote -a propósito del secuestro y asesinato de los activistas de ETA Lasa y Zabala y de la desaparición del detenido Mikel Zabaltza- y con el jefe del cuartel de Intxaurrondo Enrique Rodríguez Galindo busca, según Iruin, salvaguardar al llamado "GAL verde". El letrado incluyó en este capítulo la aparente volatilización del fusil de calibre 22 con el que, supuestamente, fue asesinado el presunto miembro de ETA Eugenio Gutierrez Salazar, Tigre. Iruin añadió que la reciente excarcelación de Perote hay que interpretarla, y no casualmente, a la luz de este acuerdo.
En su reciente resolución, el Supremo ni se planteó desclasificar los documentos relativos a esas conversaciones, los de mayor relieve penal, puesto que el Gobierno sostiene que ni están en los archivos del Cesid ni consta que hayan estado allí.
Según el abogado, la resolución del Supremo -"un hecho sin precedentes en lo que supone de descalificación judicial del propósito de dos Gobiernos de garantizar la impunidad de los aparatos del Estado"- no aportará ahora datos trascendentales pero posiblemente traerá consigo nuevos procesamientos para Perote, Manglano y Gómez Nieto. A su juicio, los documentos desclasificados prueban que la creación de los GAL fue decidida por el poder político y dibujan un organigrama en el que a partir de la Presidencia del Gobierno intervienen, el Cesid, los ministerios de Defensa e Interior, Guardia Civil y Policía.
