La Junta General de Asturias recurre contra la nueva financiación autonómica

La Junta General del Principado de Asturias (Parlamento regional) presentará el martes ante el Tribunal Constitucional no uno sino tres recursos de inconstitucionalidad contra el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Con ello se dará cumplimiento a la resolución adoptada en la Cámara regional el pasado 21 de febrero y en la que los votos de la izquierda derrotaron al Gobierno en minoría del PP y a su grupo parlamentario, defensores del nuevo modelo de financiación autonómica.

Asturias se convierte así en la primera autonomía gobernada por el PP que recurre contra el acuerdo de financiación pactado por PP y Convergència i Unió (CiU), aprobado el 23 de septiembre por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.PSOE e Izquierda Unida, que promovieron en la Junta General esta iniciativa contraria al nuevo modelo financiero, emplazaron ayer de nuevo al Gobierno asturiano para que acate la decisión del Parlamento y paralice la ejecución del nuevo sistema de financiación en esta comunidad. En caso contrario, el Ejecutivo incurrirá en "rebeldía" frente a la Cámara, en opinión de IU. Para el PSOE la posición del presidente asturiano, Sergio Marqués, es "esperpéntica y surrealista", al mantener su apoyo a un modelo rechazado por el Parlamento regional.

La Mesa del Parlamento asturiano presentará los tres recursos ante el Tribunal Constitucional por considerar que el nuevo sistema de financiación es "lesivo" para los intereses de Asturias y de las autonomías con menor capacidad económica y por estimar que la aplicación del mismo, amén de crear nuevos desequilibrios territoriales, vulnera tres principios constitucionales básicos: los de igualdad y solidaridad entre las comunidades autónomas y la prohibición de extraterritorialidad de las decisiones y normas que adopten los Gobiernos regionales.

Los recursos de inconstitucionalidad se interponen contra el artículo único de la Ley orgánica 3/1996, de 27 de diciembre, sobre financiación de las comunidades autónomas y contra diversos artículos de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, que regula la cesión de tributos del Estado a las comunidades. En ambos casos, el Parlamento asturiano considera que tales disposiciones infringen el principio de solidaridad (artículos 2 y 138 de la Constitución) porque lejos de atenuarlas profundizarán las diferencias entre las comunidades autónomas, agudizando los desequilibrios territoriales. Sostienen, asimismo, que ambas leyes, en la medida en que conceden capacidad normativa a las comunidades autónomas en materia fiscal y que ésta afectará no sólo al IRPF sino también a los impuestos cedidos, violentan el principio constitucional. que impide a las comunidades autónomas dictar normas tributarias sobre bienes localizados fuera de su ámbito territorial.

El tercer recurso de inconstitucionalidad se interpone contra los artículos 82, 83 y 84 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997, en los que se regulan la entrega a cuenta y las liquidaciones definitivas a las comunidades autónomas de forma diferente, según éstas hayan aceptado el modelo de financiación.