El Supremo consume 6 horas de debate sin acuerdo sobre la desclasificación de los 'papeles del Cesid'

La Sala Tercera del Tribunal Supremo agotó ayer su primera jornada de deliberación sobre la desclasificación o no de los papeles del Cesid reclamados por tres jueces que investigan la guerra sucia contra ETA. En seis horas de debate, en sesiones de mañana y tarde, tras las exposiciones de los tres ponentes, los 33 magistrados analizaron el alcance de la decisión a tomar. A las 10.30 reanudarán las deliberaciones, que intentarán concluir hoy, aunque las sentencias se redactarán después.

Los tres recursos contencioso-administrativos, interpuestos por el letrado Iñigo Iruin en nombre de los familiares de las víctimas de los casos Lasa-Zabala, Lucía Urigoitia y Oñederra, por el trámite urgente de la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, invocaron el derecho a la tutela judicial efectiva. Los recurrentes alegaron que la no entrega por el Gobierno de los documentos a los jueces que investigan los respectivos casos -Javier Gómez de Liaño, Justo Rodríguez y Baltasar Garzón- les privaba de medios de prueba, por lo que se vulneraba el mencionado derecho fundamental.La importancia de la tutela judicial efectiva invocada por los recurrentes motivó tanto la admisión a trámite como el. cotejo de los documentos reclamados con los que existen en el Cesid, devueltos por el coronel Juan Alberto Perote tras mantenerlos varios meses fuera del organismo, así como la atención dedicada por el pleno, presidido por Angel Rodríguez García. De nuevo ayer, de cara a la decisión a adoptar sobre los tres recursos, la importancia de la tutela judicial fue uno de los elementos esenciales de la deliberación.

Junto al deseo de restablecer el derecho a la prueba de los recurrentes en los respectivos procesos penales, obstruido por la negativa del Gobierno a desclasificar los documentos, los magistrados contemplaron también el alcance de una decisión desclasificatoria, tanto por su incidencia en el prestigio exterior de los servicios secretos como porsu valor de precedente para otras solicitudes de desclasificación.

Proporcionalidad

Un sector de la sala insistió en la necesidad de ponderar las consecuencias de la desclasificación de unos documentos con escaso valor probatorio penal y, por lo tanto, con relativa eficacia sobre la tutela judicial reclamada. Argumentaron que, en cambio, la incidencia de la decisión sobre el prestigio de los servicios, de espionaje españoles en otros países es segura, por lo que debe valorarse con criterios de proporcionalidad el alcance de la resolución que se adopte.En relación con la importancia penal de los documentos, algunos magistrados hicieron saber que la mayoría de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo comparte el criterio de los jueces de instrucción que los reclamaron, a pesar de que estuvieran clasificados como secretos, si bien la sala segunda -en una resolución que se conocerá probablemente hoy- decidió no solicitarlos por el momento. En cambio, deja abierta la posibilidad de que las partes los reclamen para la vista oral del caso GAL contra el ex ministro del Interior José Barrionuevo y otros ex altos cargos de Interior.

El pleno de ayer se inició hacia las 11 horas, se interrumpió pasadas las 13.30, se reanudó a las cinco de la tarde y se suspendió pasadas las ocho hasta la mañana de hoy. En total, cerca de seis horas, dedicadas preferentemente a las exposiciones de los tres ponentes -Gustavo,Lescure, del recurso sobre el caso Lasa-Zabala; Enrique Cancer del caso Lucía Urigoitia, y Ramón Trillo, del caso Oñederra- y a las puntualizaciones que realizaron los magistrados sobre los puntos indicados.

Existe unanimidad en la sala tercera sobre la competencia de, la misma para revisar el acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de agosto, impugnado por los recurrentes. Sin embargo, en los últimos días, algunos magistrados que habían vinculado la necesidad de desclasificarlos documentos con posiciones de enérgica defensa del Estado de derecho, han comenzado a mostrarse más comprensivos con la decisión adoptada por el Gobierno de José María Aznar y más sensibles a las consecuencias exteriores de la decisión.

Dado el extenso número de magistrados, no es. descartable que se produzcan votos particulares discrepantes, tanto desde las posiciones favorables a la no desclasificación, como desde las de quienes, desde el primer momento y todavía, consideran que los documentos del Cesid reclamados por los tres jueces de instrucción deben serles entregados, sin entrar a discutir sobre su eficacia penal.

Un grupo de jóvenes de la asociación pacifista Gesto por la Paz se concentró ante la sede del Tribunal Supremo para pedir la desclasificación de los papeles del Cesid. Tanto las entradas como las salidas de los magistrados llamados a deliberar estuvieron presididas por una gran discreción. Por la tarde, el ex ministro Fernando Ledesma fue uno de los pocos, que informó a los periodistas, pero sólo sobre la reanudacíón de las deliberaciones a las 10.30 de hoy.