Cañellas se sentará en el banquillo por el cobro ilegal de 50 millones
Gabriel Cañellas se sentará en el banquillo y se enfrentará a una petición fiscal de un año de cárcel, 18 de inhabilitación, 100 millones de multa y devolución de otros 50 millones. El barón del PP de Baleares y presidente del Gobierno de las islas desde 1983 hasta 1995, cuando José María Aznar le hizo dimitir, está acusado de un delito continuado de prevaricación y otro de cohecho por cobrar 50 millones en comisiones ilegales (que supuestamente financiaron campañas del PP) a cambio de adjudicar las obras del túnel de Sóller.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha decidido también que sean enjuiciados el constructor Antoni Cuart (con el que Cañellas pactó supuestamente los pagos ilegales), el ex consejero de Obras Públicas Jerónimo Saiz y el hasta ayer consejero de Interior y Función Pública, José Antonio Berastáin, que fue secretario general del PP balear.Berastáin y Cañellas dimitieron ayer, este último como jefe del Grupo Popular en el Parlamento balear, pero no como diputado de esa Cámara. Le sustituirá "temporalmente" el jefe del Ejecutivo, Jaume Matas.
En opinión de Cañellas, su situación sigue siendo la misma, "ni procesado ni nada". Añadió que no dirá "ni mu" hasta que haya sentencia. El líder del PSOE balear, Francesc Triay, pidió que el ex presidente deje su escaño y señaló que, en otro caso, "el PP será cómplice de las actuaciones que se le imputan". Según el fiscal, Cuart pactó en 1988 con Cañellas (su socio privado en la empresa Salinera Española) el pago de 50 millones para lograr la adjudicación de la mayor obra de infraestructura jamás emprendida en las islas. La mayor parte de ese dinero se empleó supuestamente en financiar campañas electorales del PP en 1989. Sigue sin conocerse el destino de un misterioso maletín con otros 72 millones en billetes de 10.000 pesetas retirados de un banco de Palma. Página 13 Editorial en la página 10
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