El Defensor del Pueblo halló en 1996 cuatro casos de malos tratos en prisión
En 1996 se produjeron cuatro casos de malos tratos en tres prisiones españolas: Jaén, Huelva y Madrid. Éste es uno de los datos que contiene el informe sobre la situación de las cárceles presentado, ayer por el defensor del pueblo, Fernando Alvarez de Miranda. En el estudio se destaca también el problema de la droga en las cárceles, el número creciente de reclusos enfermos de sida y los problemas de reinserción.
En 1996 se produjeron cuatro casos probados de malos tratos en tres cárceles españolas: dos en Jaén, uno en Huelva y otro en Madrid. Este es uno de los datos recogidos en el Estudio sobre la situación penitenciaria en España y los depósitos municipales de detenidos que Fernando Alvarez de Miranda presentó ayer al presidente del Congreso, Federico Trillo, y que hoy se entregará al del Senado.En el estudio, que recoge las 25 recomendaciones hechas por el Defensor a la Administración Penitenciaria, se destaca el hacinamiento que sufren los presos de algunas cárceles y se sugieren medidas, como el aumento del presupuesto para comidas, para mejorar la calidad de vida de los internos. El importe diario de la comida de cada preso está entre las 438 y las 501 pesetas, la misma cantidad fijada desde 1990.
El informe pone especial atención en la situación de los drogodependientes -definido como un "problema creciente"- y de los enfermos terminales. Segun Álvarez de Miranda, los drogodependientes no reciben apoyo suficiente de la Administración penitenciaria y aunque unos 40 centros disponen de un programa de metadona faltan centros para la rehabilitación de estos presos.
El sida, según el informe, ha dado lugar a que existan en las cárceles españolas un número cada vez más elevado de presos con padecimientos irreversibles, muy graves o en situación terminal. El Defensor, que insiste en que "se debe dar prioridad al derecho a la vida del interno gravemente enfermo", solicita que a estos presos se les aplique el artículo del Reglamento que permite, eximirles del requisito de haber cumplido tres cuartas partes de la condena para obtener la libertad.
De las 25 recomendaciones presentadas por Álvarez de Miranda, 16 han sido aceptadas plenamente, tres parcialmente, tres rechazadas y tres están pendientes de respuesta. Entre las rechazadas se encuentra la referida al modo de registro personal de los presos, que incluye la práctica de cacheos con desnudo integral, flexiones o pruebas radiológicas. La Administración Penitenciaria ha rechazado la petición de que estas prácticas fueran comunicadas al juez de vigilancia penitenciaria.
Alvarez de Miranda destacó ayer en rueda de prensa que las cárceles deben esforzarse aún más por cumplir la función de reinserción social, y expresó su convencimiento de que los presos de primer grado, los más peligrosos, deben integrarse plenamente en las actividades de reeducación.
Otros dos aspectos en los que el Defensor hizo hincapié fueron la situación de los jóvenes y de las mujeres en las cárceles españolas. En 1987 había más de 1.600 presas, un colectivo que el año pasado alcanzaba ya las 4.000. Alvarez de Miranda destacó las dificultades especiales de las presas que se ven en la necesidad de tener junto a ellas a sus hijos dentro de las prisiones.
