El PP pide al Gobierno que excluya del jurado, los delitos contra la autoridad y sus agentes

El Partido Popular quiere modificar radicalmente la Ley del Jurado, privando a esta institución de la facultad de pronunciarse sobre la culpabilidad de los enjuiciados y sobre los delitos contra la autoridad y sus agentes, pero por el momento sólo ha presentado una proposición no de ley bastante vaga. El pasado viernes, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Luis de Grandes, avanzó las líneas fundamentales de su propuesta de reforma del jurado: limitar los delitos que ahora le competen; cambiar el contenido del veredicto de forma que sólo pueda referirse a los hechos., sin entrar en su calificación jurídica; y corregir el sistema de recursos sobre las decisiones del jurado, de forma que se facilite su revisión.

De Grandes aseguró el pasado viernes, en plena polémica por la sentencia del caso Otegi, que esta semana concretaría los aspectos de la ley que el PP se propone reformar. Sin embargo el texto de la proposición. presentada ayer se limita a solicitar al Gobierno que envíe, al Congreso "un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que modifique su ámbito de competencia, el contenido de su pronunciamíento o veredicto, y replantee el régimen de recursos para facilitar la revisión de sus resoluciones".Probablemente, las primeras reacciones de los grupos que apoyan al Gobierno, fundamentalmente Convergencia i Unió (CiU), que se ha pronunciado en contra de una reforma urgente de la Ley del Jurado, han hecho reconsiderar al Grupo Popular su planteamiento inicial.

La rueda de prensa que ofrecieron el portavoz de Justicia e Interior del PP, Andrés Ollero, el presidente de la misma comisión, Julio Padilla, sirvió para concretar al menos de viva voz los objetivos que los populares quieren conseguir con la reforma. Ollero aseguró en repetidas ocasiones que su grupo quiere mantener la institución, pero para ello es necesario "preservarla y no obstaculizar su arraigo y consolidación en la sociedad".

Admitió que la reacción de su grupo tiene origen concreto en la absolución de Mikel Otegi, autor confeso de la muerte de dos ertzainas, lo que consideró lógico ya que, en su opinión, es necesario que los poderes públicos reaccionen ante algo que ha causado perplejidad, malestar y estupor entre los ciudadanos.

El portavoz del PP planteó la necesidad de excluir los delitos de atentado contra la autoridad con resultado de muerte de la competencia del jurado y ello, argumentó, en coherencia con la actual legislación, que reserva a tribunales profesionales el enjuiciamiento de todos los atentados contra agentes de la autoridad, salvo cuando el resultado es de muerte, lo que, a su juicio, supone una flagrante contradicción.

Limitar delitos

Su compañero de grupo, Julio Padilla, añadió que podría reducirse el elenco de delitos atribuidos a la competencia del jurado, como por ejemplo los de amenazas y los de omisión de socorro, porque "su trascendencia penal es más bien escasa y no se corresponde con el complejo andamiaje que exige el jurado".

Tanto Ollero como Padilla se mostraron extraordinariamente cautos a la hora de pronunciarse sobre las pretensiones de su grupo, con advertencias constantes de que lo que pretenden es iniciar un debate y que su proposición no de ley puede resultar modificada desde el principio por enmiendas de otros grupos.

Ollero destacó también que el procedimiento elegido, una proposición no de ley, demuestra que no se quiere imprimir celeridad inconveniente a la reforma, ya que, una vez aprobada la propuesta, correspondería al Gobierno elaborar sin plazo el proyecto de ley y enviarlo a las cámaras para su tramitación parlamentaria. Lo que llevará, sin duda, bastantes meses.

Ayer mismo, el portavoz del Grupo Socialista, Joaquín Almunia, volvió a repetir que el PP "debería reflexionar antes de tomar iniciativas poco meditadas", ya que, en su opinión, tras el caso Otegi, "la irritación no debe producir irritación".

Almunia insistió en que lo ocurrido con esta sentencia, como con otras anteriores de tribunales profesionales, se debe a la situación general que vive el País Vasco y no a deficiencias de la Ley del Jurado. Agregó que, en su opinión, el caso Otegi debió ser tratado como un supuesto claro de terrorismo y, en consecuencia, debió atribuirse la competencia de su enjuiciamiento a la Audiencia Nacional y nunca a un jurado popular.