Ecólogos y juristas dudan de la eficacia del Código Penal en temas ambientales

División de opiniones sobre otra de las novedades del Código Penal. Penalistas y expertos en ecología discutieron ayer, en el IX Congreso Universitario de Alumnos de Derecho Penal, sobre la utilidad de penalizar conductas que atentan contra el medio ambiente. Frente a algún entusiasta del delito ecológico, varios intervinientes resaltaron la necesidad de medidas administratias protectoras que acabe con la actual maraña normativa, que condiciona las soluciones penales.

El periodista Luis Carandell, que moderó el debate, ya planteó que se trata de un asunto más político que jurídico. La profesora de Derecho Penal María Rosario Diego se apuntó a esta tesis, que complementó con la importancia de los medios de comunicación social para que se denuncien hechos como la conversión de los ríos en aguas fecales y se potencie la política ambiental. "Soy muy excéptica sobre la eficacia del Código en problemas ambientales", dijo.La profesora Diego resaltó la dimensión económica del problema, así como la descoordinación administrativa existente. Explicó que los delitos y sus penas de nada servirán mientras no haya un pacto nacional, plasmado en una ley general de medio ambiente, que acabe con la actual maraña de normas entrecruzadas procedentes de la UE, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Cuestionó las penas a imponer cuando "la primera que infringe es la Administración".

En el otro extremo se situó el fiscal Antonio Vercher, quien se felicitó de que el Código Penal sancione con penas de hasta cuatro años de cárcel y multas millonarias a quienes atenten contra el medio ambiente. Pero reconoció que no deben echarse las campanas al vuelo porque no existe control ni vigilancia medioambiental y el delito está limitado por "unas 13.000 normas administrativas".Otra profesora penalista, Rosario de Vicente, recordó que no puede castigarse al particular cuando cuenta con una autorización o licencia administrativa. De ahí que el nuevo Código Penal imponga de seis meses a tres años de cárcel a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, informe favorablemente "la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes".

Cristina Álvarez, directora del Instituto de Política Ambiental Europeo de la Universidad Complutense de Madrid y abogada de ecologistas, reconoció el avance experimentado desde 1982 en el número de artículos que penalizan conductas contra el medio ambiente. Sin embargo, fundamentó su optimismo en la corresponsabilidad y covigilancia de los consumidores, organizaciones cívicas y agentes sociales, así como en la formación de jueces y fiscales.

El catedrático de Derecho Penal Juan Carlos Ferré criticó que el Código Penal castigue con de seis meses a tres anos y elevadas multas a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una, construcción no autorizada o no autorizable por su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural. "Se criminalizan conductas que sólo son infracciones administrativas", aseguró.