Motel Clinton
MIENTRAS EL contribuyente norteamericano no se decida a aceptar un sistema de financiación pública de la actividad política, Estados Unidos seguirá conociendo escándalos como los que están empanando el comienzo del segundo mandato presidencial de Bill Clinton. A las primeras revelaciones sobre la participación en la financiación de su última campaña de millonarios, empresas y grupos religiosos asiáticos y quizá hasta la Embajada de China en Washington siguen ahora las que señalan que Clinton utilizó las instalaciones y servicios de la Casa Blanca y en concreto el altamente simbólico dormitorio Lincoln, para "recompensar" a los ricos y famosos que entregaron más de 50.000 dólares a los recaudadores del Partido Demócrata.Si la política ha sido siempre en EE UU un asunto de dinero, la enorme subida de los gastos de campaña por la publicidad pagada en radios y televisiones privadas ha convertido a partidos y candidatos en auténticos pedigüeños. Ségun sus detractores, Clinton dedicó en 1995 y 1996 más tiempo y energía a participar en pactos de recaudación de fondos que a gobernar la primera potencia del planeta. Es una acusación verosímil: las pruebas vinculadas al escándalo del dormitorio Lincoln revelan que el, presidente se. puso al frente de las tareas de recaudación.
Tomando como base la primera enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, el Tribunal Supremo de EE UU ha sentenciado en reiteradas ocasiones que los individuos y las empresas del país son libres de entregar el dinero que deseen para apoyar sus causas políticas, ideológicas, morales o religiosas favoritas. Desde esa perspectiva, lo dudoso y quizá también ilegal en el escándalo que afronta actualmente Clinton es el haber recibido dinero de extranjeros y el haber usado instalaciones públicas como la Casa Blanca para fines recaudatorios.
Clinton dice que quiere reformar el sistema tradicional financiación de la política, aunque encuentra muy poco apoyo en los dos grandes partidos. Pero el ciudadano norteamericano no parece dispuesto a pagar más impuestos para financiar a sus políticos, y las empresas privadas audiovisuales no ven ninguna razón para no cobrarles los anuncios como se los cobran a lo! fabricantes de bebidas gaseosas. Así pues, y pese a los escándalos, nada hace prever cambios en esta materia.
